El capítulo que se suma a una historia de desencuentros

La decisión del gobierno de Néstor Kirchner de retirar el acuerdo del obispo castrense Antonio Baseotto suma un nuevo capítulo a la historia de conflictos entre el Estado argentino y la Iglesia Católica que se puede remontar a fines del siglo XIX.

Octubre de 1884: bajo la presidencia de Julio Argentino Roca, el entonces nuncio papal, Luis Mattera, fue expulsado por su accionar contra la ley 1.420 de educación laica en las escuelas solventadas por el Estado. El representante de la Santa Sede quiso evitar inclusive que llegaran a la Argentina maestras normales contratadas por el Poder Ejecutivo en Estados Unidos para la dirección de los establecimientos de enseñanza oficiales y laicos. El 14 de octubre, el canciller Francisco Ortiz en una carta al embajador vaticano, le comunicó: "En vista de la actitud asumida por vuestra excelencia en sus relaciones con el gobierno de la República, el señor presidente me ordena enviar a vuestra excelencia sus pasaportes, fijándole el término de veinticuatro horas para dejar el territorio de la Nación".

Junio de 1955: la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas y los proyectos para impulsar aspectos resistidos por la Iglesia, como el divorcio, y la posibilidad de que no se jure por los Santos Evangelios, marcaron un pico de tensión con el gobierno de Juan Domingo Perón. El 12 de junio, durante la fiesta de Corpus Christi, la Iglesia organizó una concentración que llevó a Perón a expulsar al obispo auxiliar de Buenos Aires, Manuel Tato, y a Ramón Novoa.

1º de noviembre de 1987: con menos consecuencias políticas pero con alto impacto, el entonces presidente radical, Raúl Alfonsín, se subió al púlpito de la iglesia Stella Maris para responder las críticas del vicario castrense, Miguel Medina, sobre la "corrupción" de los políticos, durante la celebración del oficio religioso por el Día de los Muertos.

Otros antecedentes: los intentos de separar a la Iglesia del gobierno se remontan a la guerra por la Independencia, con la supresión del Tribunal de la Inquisición en marzo de 1813 y el decreto de Juan Manuel de Rosas del 27 de febrero de 1837. Las gestiones para la creación de ámbitos eclesiásticos castrenses se remonta a 1915, tuvieron varias contramarchas y recién el 28 de junio de 1957, se aprueba la ley que ratifica el acuerdo con la Santa Sede para establecer una Vicaría Castrense, que, el 21 de abril de 1992, pasaría tener el rango de Obispado.