Reclamo de un funcionario de la UE

Europa mete presión para que aumenten las tarifas

La Unión Europea (UE) reclamó ayer un ajuste en las tarifas de los servicios públicos privatizados y advirtió que la demora puede afectar las relaciones políticas y económicas entre la Argentina y el bloque. En línea con este planteo, un grupo de empresarios españoles cuyas compañías están radicadas en el país le exigió al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, una respuesta concreta sobre el mismo tema y la renegociación de los contratos. Fernández y la senadora Cristina Fernández de Kirchner están de gira por Madrid y hoy se entrevistarán con el rey Juan Carlos y el jefe del gobierno Español para discutir esta problemática.

"Todo el mundo es consciente que se tiene que solucionar (la discusión de las tarifas de servicios públicos) en los próximos meses", dijo ayer Eneko Landaburu, director general de Relaciones Exteriores de la Comisión Europea.

En el marco de su visita a Buenos Aires, el funcionario recalcó que "las relaciones políticas están en parte determinadas por las relaciones económicas" y sostuvo que su responsabilidad "es decirle a los responsables argentinos que sepan que esto es lo que está en juego y que puede ser mucho más importante que un detalle técnico".

Landaburu visita la Argentina encabezando una delegación de la Unión Europea y ayer le planteó los reclamos al ministro de Economía, Roberto Lavagna, durante una reunión que se realizó en el Palacio Hacienda.

La Unión Europea avivó el pedido por un alza en los servicios públicos privatizados en momentos en que Fernández y la senadora, Cristina Fernández de Kirchner, desarrollan una visita por España, en la que el tema figura dentro de la agenda de diálogo.


Reglas claras
Durante un almuerzo con empresarios, el jefe de ministros afirmó que el gobierno quiere "reglas claras y que las empresas tengan una rentabilidad, pero razonable".

Tras la caída de la convertibilidad el gobierno impidió un aumento general en las tarifas de servicios públicos, que en la mayoría de los casos estaban dolarizadas y bajo cláusulas de ajuste automático, y sólo permitió alzas puntuales en algunos suministros (como por ejemplo gas y electricidad) pero restringiendo la medida a industrias y comercies.

A su vez se inició un lento proceso de renegociación de los 63 contratos vigentes que aún no finalizó, donde entre otras cosas está bajo la lupa el nivel de inversiones ejecutados por las concesionarias.

En respuesta, la empresas interpusieron una serie de juicio en tribunales internacionales, en especial ante el Ciadi, y presionaron a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a su vez actuaba por mandato del Grupo de los 7.

Frente a este cuadro de situación Landaburu subrayó que la seguridad jurídica es esencial para que continúe ""el flujo de inversiones de Europa hacia la Argentina" y se quejó por un supuesto trato discriminatorio a empresas extranjeras. "Reconocemos la legitimidad de que exista una normativa particular para los servicios públicos", pero "la realidad es que no se pueden poner normas que discriminen a las empresas".

Landaburu reveló que durante una reunión que tuvo ayer con el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, el funcionario le prometió que hasta fin de enero se cerrarán negociaciones con 13 empresas. El funcionario europeo sostuvo que "si Argentina da una señal de responsabilidad y encuentra una solución equilibrada provocará una muestra sobre el futuro del país", pero indicó en caso contrario será una señal muy negativa".

El Jefe de gabinete y Cristina Fernández se reunieron con emprearios españoles.