Iniciativa de paz. El jefe de las AUC, Salvatore Mancuso, lloró y pidió perdón

Unos 1.500 paramilitares deponen sus armas en la selva colombiana

Es la mayor desmovilización de combatientes de ultraderecha. Sobre muchos de ellos pesan delitos atroces

Campo Dos, Colombia. - El máximo jefe paramilitar de Colombia, solicitado en extradición por EEUU, lloró y pidió perdón ayer al entregar su arma junto con 1.488 combatientes, en la más grande desmovilización de un grupo armado ilegal en la historia de esta nación. Salvatore Mancuso, jefe militar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entregó su pistola Beretta, calibre 9 milímetros, al alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, en esta zona selvática y montañosa fronteriza con Venezuela, donde por años combatieron con la guerrilla.

"El hombre que les habla, lleno de emociones que se entrecruzan en el alma, asume la responsabilidad de poner fin a su responsabilidad en el conflicto tras haber conducido a las AUC hasta la mesa de negociación y el desarme", dijo Mancuso, quien vestía uniforme de camuflaje y lucía lentes oscuros. "Con el alma anegada de humildad pido perdón al pueblo de Colombia, pido perdón a las naciones del mundo, entre ellas a EEUU, si por acción o por omisión las pude ofender", agregó Mancuso, un próspero ganadero que se convirtió en el líder de las AUC tras la misteriosa desaparición de su amigo y jefe histórico de los "paras", Carlos Castaño el 15 de abril pasado.

Los paramilitares que entregaron las armas formaban parte del Bloque Catatumbo, uno de los más temidos de las AUC, acusado de haber ejecutado decenas de asesinatos selectivos, masacres, secuestros y de despojar de sus tierras a campesinos para expandir los cultivos de hoja de coca, materia prima de la cocaína.

La desarticulación del bloque es parte de la negociación que inició el gobierno del presidente Alvaro Uribe con las AUC, a mediados de 2003, y que busca que la totalidad de sus 20.000 combatientes depongan las armas antes de que finalice 2005 para sacar del conflicto a una temida maquinaria de guerra. "Pido perdón a mis amigos, a mis padres y a mi familia, a la madre de mis hijos, quien sollozó en mi ausencia tantas veces, a mis hijos por no acompañarles en las horas felices o cuidarles en los momentos duros. Espero encontrar espacio en sus corazones para que me perdonen por no abrasarles cada día mientras crecían sin su padre", dijo con la voz entrecortada por el llanto.


Bajo un inclemente sol
Los combatientes, con sus cabezas rapadas y también vestidos con uniforme de camuflaje, se formaron bajo un fuerte sol y después de la ceremonia, uno a uno, fueron entregando sus armas, entre las que se encontraban fusiles, ametralladoras y pistolas.

En medio de la negociación de paz, cinco bloques paramilitares, con cerca de 3.000 combatientes, se han desmovilizado y entregado sus armas en el último año. El gobierno deberá asumir el reto de impedir que la guerrilla retome el control militar de las regiones desalojadas por los paramilitares, un temor creciente entre los habitantes de esas zonas.

Los paramilitares son acusados por grupos como Amnistía Internacional de cometer las peores violaciones a los derechos humanos en medio del conflicto interno de cuatro décadas y que deja miles de muertos al año. Esos escuadrones también son acusados de contar con el apoyo de algunos sectores de las fuerzas militares en medio de su guerra sucia contra la guerrilla.


Subsidio gubernamental
Los paramilitares que entregaron las armas ingresarán a un programa gubernamental que les ofrece un subsidio en dinero al mes y capacitación en un oficio para luego integrarse a la vida laboral. Sin embargo, algunos, como Mancuso, deberán dirigirse a una zona de concentración a la espera de que se defina un mecanismo jurídico para arreglar su situación.

Mancuso, de 40 años y nieto de un inmigrante italiano, tiene en su contra un condena de 40 años por la masacre de 15 campesinos y afronta otros 20 procesos criminales. Además, es solicitado en extradición por EEUU por narcotráfico. Aunque su solicitud de extradición ya fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Uribe apeló a una fórmula más política que jurídica para superar el escollo. El ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, dio a entender que no se harían efectivas las órdenes de extradición de los líderes de grupos armados que estén en procesos de paz.

El gobierno ha propuesto que los paramilitares paguen una pena de 10 años en una zona de concentración de donde no puedan salir, pero grupos de derechos humanos claman que no se les indulte por delitos considerados atroces. "Hasta ahora estaban bajo mi mando. Sepulto al comandante, nace el hombre de la calle, el amigo, el compatriota, que espera aprender a vivir tranquilamente después del letargo de la guerra. Solo Dios sabe cuán difícil ha sido llegar hasta aquí", concluyó Mancuso. (Reuters y AP)

Paramilitares del Grupo Catatumbo durante la ceremonia de entrega de armas.