El gobernador y el intendente argumentaron que ya recompusieron anticipadamente los salarios

Obeid y Lifschitz no instrumentarán el aumento de suma fija de 100 pesos

Polémica entre el gobierno nacional y los empresarios por la aplicación de incrementos de sueldos por decreto

El gobernador Jorge Obeid y el intendente Miguel Lifschitz clausuraron ayer toda posibilidad de instrumentar en sus respectivas administraciones el incremento de 100 pesos no remunerativos dispuestos por el gobierno nacional para los asalariados privados y estatales que ganen hasta 1.250 pesos mensuales.

Obeid enfatizó ayer que "la política salarial de la provincia ya se cerró" y que no habrá nuevos aumentos a los empleados públicos y privados santafesinos. "La Nación está siguiendo el ejemplo de la provincia", dijo el mandatario provincial.

En la misma sintonía se expresó el intendente Miguel Lifschitz, quien descartó cualquier incremento en el salario de los empleados públicos municipales y recordó que la administración pública rosarina ya instrumentó aumentos.

Por otra parte, y de cara al escenario del año próximo, el mandatario municipal aclaró que ya están funcionando las paritarias de los empleados municipales a nivel provincial para avanzar en las demandas de mejores ingresos para el sector.

El gobierno santafesino cerró por este año su política salarial cuando otorgó el aumento de 40 pesos a jubilados y 30 a pensionados, que comenzaron a recibir este incremento a partir del 1º de julio.

Por otra parte, la administración provincial dispuso en septiembre un incremento de 80 pesos como cifra no remunerativa para el personal policial y de 85 a 350 pesos según antigüedad y categoría para el personal administrativo, de hospitales públicos y personal no docente.

En tanto, los maestros lograron un aumento de 65 pesos en el salario básico, que pasó de 145 a 210 pesos, se eliminó el presentismo y siguieron cobrando los 110 pesos del incentivo docente.

Como reafirmación de lo actuado hasta el momento, en el mes de agosto el ministro de Hacienda provincial, Walter Agosto, destacó la decisión del gobierno santafesino de dar incrementos progresivos a sus empleados y al mismo tiempo complementarlo con la derogación de la ley de emergencia económica.

En Rosario, los empleados municipales comenzaron a cobrar en noviembre un aumento de 70 pesos no remunerativos, que se sumaron a otros 80 y 100 pesos otorgados a lo largo de 2004.

Así, los trabajadores públicos de Rosario lograron obtener los 250 pesos de aumento que la Nación había otorgado en forma escalonada para los empleados del sector privado.


Polémica con los empresarios
La decisión del gobierno nacional generó polémica con los empresarios, quienes manifestaron su disconformidad sobre la metodología utilizada a nivel oficial para la recomposición de los ingresos.

Los hombres de negocios se inclinan por el camino de las negociaciones colectivas entre los distintos sectores y rechazan de plano la vía del decreto para el incremento salarial, ya que consideran que de este modo no se tienen en cuenta la performance de cada área productiva.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, salió ayer a replicar las críticas empresarias, sintetizadas en el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez, quien rechazó el decreto oficial al advertir que algunas pymes "no lo van a poder pagar" y quejarse porque "no fuimos consultados".

También el titular del grupo Fiat, Cristiano Ratazzi, rechazó el aumento del gobierno, por considerar que esa medida debería haberse negociado "entre las empresas y los representantes de los trabajadores, con paritarias o con lo que sea".

Tomada aclaró que las mejoras "no obstaculiza el funcionamiento de la negociación colectiva", ya que va dirigido a "sectores a los que les cuesta alcanzar algunos consensos".

Además, el titular de la cartera laboral les recordó que el salario "no es solamente costo laboral, sino un mecanismo de fortalecimiento del consumo" y el mercado interno. "Hay un patrón de crecimiento diferente" del que dominó en los años 90, explicó Tomada.

El gobierno aspira no sólo a calmar los reclamos de fin de año sino a dar un impulso al consumo para mantener el repunte que vienen revelando los índices económicos tras la devaluación.

Según el Centro de Educación al Consumidor, que comparó salarios y precios de octubre de 2001 y del mismo mes de este año, el sueldo de los trabajadores aumentó poco más de 30 por ciento en ese lapso, en tanto el valor de la canasta básica de alimentos creció por encima de 85 puntos.

Para Tomada, el nuevo patrón de crecimiento "pasa, entre otras cosas, por considerar el salario no solamente como un costo laboral, sino como un mecanismo de fortalecimiento de consumo, que a su vez permite fortalecer el mercado interno que es, a su vez, el ámbito en que crecen y se desarrollan las pequeñas y medianas empresas. Hay que encararlo también desde esa perspectiva", dijo.


Contratados en la mira
El titular de la cartera laboral adelantó ayer que el gobierno "analiza" si los aumentos salariales alcanzarán o no a los estatales contratados y afirmó que el beneficio repercutirá en el sector del empleo en negro por un efecto "desplazamiento".

"Existen algunos detalles del alcance final del decreto para el sector público que se están viendo y analizando", señaló Tomada. "De todas maneras hay tiempo, por lo que se procura que la norma sea bien clara, ya que existe experiencia sobre algunas dificultades producidas por decretos anteriores", dijo el ministro.

Las declaraciones también responden a algunas observaciones realizadas por el abogado laboralista y apoderado de la CGT, Héctor Recalde, quien ayer opinó que la dirección asumida por el gobierno "es correcta", aunque enfatizó que "es insuficiente" y que el incremento "no debería tener un techo".

Los mandatarios anticiparon que ya rigen los aumentos en municipio y provincia.