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 miércoles, 08 de diciembre de 2004  
Villa Ramallo, el 2o juicio. Varios testigos podrían ser imputados en otra causa
Investigarán a quienes dieron las órdenes
El tribunal quiere saber si los jefes tácticos cometieron delitos. Envió los antecedentes a un juez de Instrucción

El pedido que se viene escuchando desde julio de 2002, cuando se inició el juicio a la banda que copó el Banco Nación de Villa Ramallo, y que se repitió antes de que se iniciara el proceso del cual ayer se conocieron las condenas, parece haber sido escuchado finalmente por el Tribunal Oral Federal número 1. Es que los magistrados decidieron enviar al juez de Instrucción de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, todos los antecedentes reunidos en torno a las figuras de los jefes tácticos y operativos de las tropas que participaron de la masacre para que investigue si su accionar durante aquella trágica madrugada de septiembre de 1999 fue delictivo.

Así se manifestaron los jueces Laura Inés Cosidoy, Otmar Paulucci y Santiago Harte al dar a conocer la segunda parte del fallo leído ayer. Quieren saber que responsabilidad le cupo en lo ocurrido al jefe táctico del grupo Halcón, Gerardo Ascasíbar, quien en las tres oportunidades en las que declaró como testigo frente al tribunal admitió que fue él quien dio la orden de "disparar a las gomas" del auto en el que pretendieron huir delincuentes y rehénes. Lo mismo pretenden para sus dos lugartenientes, los oficiales Sergio Omar Andrada y Carlos Alberto Andrada.

Pero no serán los únicos que tendrán que ser investigados en una nueva causa. También el comisario Miguel Fontana, que estuvo a cargo del GEO de la policía bonaerense, quedará bajo la lupa de un magistrado. Fontana y sus efectivos, al igual que el grupo Halcón que comandaba Ascasíbar, también acribillaron el Polo donde murieron Chaves y Santillán, aunque desde una posición distinta a estos.

El subcomisario Raúl Oscar Martínez, ex jefe del Comando Radioeléctrico de San Nicolás, es otro de los que serán investigados a partir de ahora. Los jueces quieren dilucidar por qué dejó a sus efectivos en el sitio donde estaba previsto que operaran los grupos especiales y por qué no cumplió con la tarea que le asignaron. Esa tarea, según se dijo en el fallo, consistía en bloquear posibles vías de escape para los delincuentes que mantenían rehenes para evitar un probable intento de fuga.

Otra pesquisa deberá tratar de descubrir qué ocurrió con una ametralladora que tenían los asaltantes. Era una Usi que desapareció misteriosamente pese a que el lugar estaba repleto de policías.

Por último, los jueces quieren establecer si el subcomisario Claudio Pereyra y el oficial Oscar Rubén Ruiz, ambos del Grupo Especial de Operaciones Federales (Geof), ocultaron información al declarar ante ellos en el juicio sobre la actividad de ese grupo.

Todo esto deberá investigarse sin perjuicio de las conclusiones a las que se llegue en la causa 1263/00 en la que está bajo la lupa la responsabilidad de varios jefes policiales en la planificación y la ejecución del frustrado robo al Banco Nación de Villa Ramallo. Ese expediente aún se instruye en San Nicolás y está a cargo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo.

De esta manera, parece que lo que el 19 de octubre pasado (al iniciarse las audiencias) sostuvieron los defensores del principal imputado y ayer condenado Oscar Parodi, tuvo eco en los jueces: "Tres grupos especiales intervinieron en Villa Ramallo y el procedimiento terminó mal. Hubo tres fuerzas policiales pero ninguno de sus jefes están ahora sentados en el banquillo de los acusados", dijeron Jorge y Hugo Lima.
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Gerardo Ascasíbar, jefe de los Halcones.

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