Un juez denunció que no se cumplen las órdenes para desalojar comisarías

De los 41 penales bajo la lupa, sólo 9 no fueron intimados judicialmente. Ayer había en ellos 1.224 detenidos

Un juez penal detectó que ninguna de las órdenes judiciales emitidas en los últimos cinco años para terminar con el hacinamiento en las comisarías se cumple en la actualidad. Las 32 dependencias policiales que en el último lustro recibieron pedidos de desalojo, hoy superan en alta proporción el número permitido de presos. Así lo reveló la investigación encabezada por el juez de Instrucción Carlos Triglia, quien debe resolver un hábeas corpus presentado en favor de la totalidad de los internos alojados en comisarías de Rosario: 1.224 personas.

El magistrado rastreó en los despachos de sus pares los recursos de hábeas corpus resueltos en los últimos cinco años y descubrió que ninguna de esas disposiciones judiciales se respeta. El cuadro de situación quedó registrado en un documento que ayer fue comunicado a cada uno de los jueces de Instrucción que intervinieron ante casos de colapso carcelario, y cuyas resoluciones no se cumplen.

Ese informe consta de un cuadro comparativo de la capacidad real de las comisarías y el número de personas que efectivamente alojan. De su lectura surge que el exceso a veces es siete veces mayor a lo permitido. En el mismo registro figuran los juzgados que intervinieron para imponerles límites a cada comisaría y las fechas en que lo hicieron. A excepción de los penales de Menores, según ese registro, en todas las dependencias policiales de Rosario los presos están hacinados. Hasta el penal policial de la Jefatura registra 43 detenidos en donde debería haber 20.

En el escrito que envió a sus pares, el juez Triglia les pidió que respondan si se harán cargo personalmente de esos incumplimientos o si los dejarán en sus manos para que resuelva la situación globalmente. Es que el juez penal está examinando los penales policiales a raíz de un recurso de hábeas corpus que recibió el 23 de septiembre pasado. En ese planteo, la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) le pidió que intervenga por las deplorables condiciones de detención que reinan en la mayoría de las seccionales, las que según un informe oficial son inhabitables (ver aparte).

Al revisar las intervenciones judiciales anteriores, Triglia descubrió que todas ellas son letra muerta. Fuentes del caso señalaron que desde el Tribunal se intentó más de una vez ponerle límite al encierro indiscriminado de personas en lugares mínimos. Pero esos mandatos son hoy un puro formalismo.

Un informe oficial de la Defensoría del Pueblo confeccionado en base a información de la policía ya había dado cuenta de esta situación la semana pasada, al detectar siete casos de desobediencia a órdenes judiciales.

Pero el registro judicial, al ser más abarcativo y basarse en información emanada de los juzgados, fue más lejos: detectó que esa lógica se repite en 32 seccionales rosarinas.

La investigación alcanzo a 41 dependencias policiales, de las cuales sólo 9 no han sufrido intimación judicial hasta la fecha. El resto recibió reiterados pedidos de desalojo en los últimos cinco años. Se supervisó la situación de las comisarías 1ª a 30ª; la seccional 32ª; las subcomisarías 19ª, 20ª, 8ª, 18ª y 22ª; la Alcaidía de Mujeres, el penal policial y los penales de Menores femenino y masculino.

En algunos casos el incumplimiento es múltiple. La comisaría 15ª, por ejemplo, tuvo seis intervenciones judiciales. Pese a ello, hoy aloja a 55 personas en un reducto para 14. Otros cinco jueces restringieron el número de presos en la 19ª, donde sin embargo hay 42 personas en un lugar para 10.

En la comisaría 16ª hay 50 presos en un espacio para 12ª, a pesar de que cuatro juzgados intentaron ponerle coto. También fueron cuatro los jueces que controlaron la seccional 3ª. Sin embargo, hay 43 presos en un penal con capacidad para 10.

La misma situación se da en la 16ª, que está bajo la mira de tres magistrados pero tiene un exceso de 40 personas. La 18ª concentra a 60 detenidos en un penal para 8. Tiene cuatro intimaciones judiciales que no se cumplen.

Otra medida ordenada por el juez Triglia antes de resolver el destino de los 1.224 presos que había ayer en penales de la Unidad Regional II (de los cuales 56 eran menores) fue el envío de un exhorto a un magistrado de Santa Fe para que informe sobre las plazas disponibles en la capital provincial. En ese sentido, según trascendió, un funcionario del juzgado constató personalmente la existencia de lugares vacantes, lo que a criterio de la fuente consultada refleja la desproporción presupuestaria entre el sur y el norte provincial.

Sobre la comisaría 15 hay seis hábeas corpus.