Reflexiones

Una mirada a la designación de los jueces

Carlos Duclós / La Capital

Uno de los poderes relevantes de la República es el Poder Judicial, de trascendente y decisiva misión si se repara en que es el último refugio del ciudadano para la consecución de sus deseos de justicia. Lamentablemente, el Poder Judicial en la Argentina está desacreditado y razones no faltan para esa nefasta calificación que en la práctica supone una desgracia para el hombre. Sin embargo, es justo reconocer que en algunas provincias, como Santa Fe y en algunas ciudades, como Rosario, la Justicia ordinaria funciona aceptablemente y aun cuando pueda haber casos preocupantes, la actividad judicial no merece el mismo calificativo que la ciudadanía le ha enrostrado al Poder Judicial de Buenos Aires.

La Justicia santafesina y fundamentalmente la Justicia rosarina, tuvo una causa para mejorar su función: el Consejo de la Magistratura, creado en el año 1990 para terminar con la influencia de los factores extrainstitucionales de poder en la designación de los jueces. Este órgano, integrado por un representante del gobernador, el subsecretario de Justicia de la provincia, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, un representante del Colegio de Abogados y un representante del Colegio de Magistrados, sirvió para extirpar la designación política en un momento de la vida judicial rosarina caracterizada por la crisis y una Justicia que estaba severamente cuestionada. Recuérdese la gran cantidad de jurys de enjuiciamiento que se llevaron a cabo y la extraordinaria purga de magistrados que se realizó antes de la instauración del Consejo de la Magistratura.

Si bien limitado en su funcionamiento, la presencia de este órgano significó un avance. Se constituyó en uno de los primeros sistemas alternativos de designación de jueces en el país. La Nación incorporaría esta figura años más tarde, pero la verdad sea dicha el consejo nacional nunca funcionó adecuadamente: se politizó, se burocratizó y existe una gran demora en las designaciones para cubrir cargos vacantes. Además de esto, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación demanda un gasto enorme, una erogación que no se traduce en resultados halagüeños. En contraposición, el Consejo de la Magistratura de la provincia de Santa Fe funciona sin gastos, todos sus miembros cumplen funciones ad honórem y las escasas erogaciones que existen, como la movilidad, por ejemplo, para asistir a las reuniones, son solventadas por las instituciones que lo conforman. Toda la actividad recae sobre los consejeros habida cuenta de que el organismo no tiene empleados y el poco personal que debe cumplir funciones pertenece a la Subsecretaría de Justicia de la provincia. La agilidad en los trámites es otra de las ventajas de este organismo que desde el mes de junio del año 2003 a la fecha lleva realizadas quince designaciones.

Ahora bien, ¿cómo es el mecanismo de designación de jueces en esta provincia? El Consejo, a través de un concurso de antecedentes y prueba de oposición, elige a los tres mejores postulantes para cubrir un cargo y eleva esta terna al gobernador de la provincia, quien a su vez envía los pliegos para ser aprobados o no a la Legislatura. Si bien la decisión del Consejo no es vinculante, hasta el momento no se conocen casos en los cuales el poder político no haya tenido en cuenta las propuestas elevadas por el organismo.

En el año 2002 se perfeccionó el sistema y se introdujeron importantes reformas que dejaron sin efecto la discrecionalidad. Desde entonces los antecedentes de los postulantes se evalúan de acuerdo con puntajes establecidos. Asimismo, se incorporó una prueba de oposición eliminatoria, que permite establecer la idoneidad. En el mes de diciembre del año pasado otra modificación de importancia se introdujo con miras a transparentar la acción de gobierno de los futuros jueces. El artículo cuarto de la modificatoria sostiene lo siguiente: "Los habitantes de la provincia en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales, las entidades académicas y de derechos humanos con sede en la provincia, podrán en el plazo indicado en este artículo presentar al Consejo de la Magistratura por escrito y de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés expresar respecto de los inscriptos, con declaración jurada de su propia objetividad respecto de los propuestos".

Por iniciativa de la Corte Suprema de Justicia y otros organismos que forman parte del Consejo de la Magistratura, hace algún tiempo se puso en práctica lo que se llama vulgarmente "banco de suplentes". Esto consiste en la elaboración de una lista de jueces subrogantes (suplentes) para cubrir sin demoras los juzgados que queden vacantes por ausencia temporaria o definitiva de su titular hasta tanto se designe un nuevo titular o retorne el magistrado a cargo del tribunal respectivo. El Consejo de la Magistratura trabaja actualmente en la designación de estos suplentes con lo que se minimizarán los efectos de las ausencias en una Justicia cada vez más saturada por la cantidad de causas que ingresan. A propósito, debe mencionarse que la crisis social que afecta al país ha determinado que se incrementara el número de causas en los tribunales de Rosario. Cantidades asombrosas de expedientes ingresan cada día al fuero penal y civil, generándose una situación que supera las posibilidades y los deseos de magistrados y funcionarios de administrar justicia como corresponde. La Corte Suprema de Justicia de la provincia, merced a sus reclamos, pedidos y trabajo propio, ha logrado la creación de nuevos cargos y ha realizado un importante mejoramiento de las condiciones de la infraestructura judicial en los últimos años. ¿Pero qué puede alcanzar en una sociedad que padece dificultades extraordinarias?

El actual Consejo de la Magistratura, integrado por el subsecretario de Justicia, Walter Gálvez; el representante del gobernador, Gustavo Vera; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Roberto Falistocco; el presidente del Colegio de Abogados de Rosario, Mario Holand y los representantes del Colegio de Magistrados, María del Carmen Alvarez y Humberto Giménez, ha realizado un trabajo eficaz tendiente a no dejar en desamparo a un Poder Judicial que, en la ciudad de Rosario sobre todo, afronta un compromiso difícil: dar solución a tantas personas que reclaman justicia en una sociedad convulsionada. Compromiso difícil no porque quienes conforman este poder no estén capacitados, sino porque la avalancha de causas complica el éxito de toda acción. Nadie que quiera ser justo, al momento de calificar a la estructura judicial rosarina, puede dejar de tener en cuenta esta realidad. Al echar una mirada sobre el Poder Judicial de la ciudad de Rosario, no puede dejar de reivindicarse lo que han hecho abogados, catedráticos, jueces e instituciones tales como los colegios de Abogados y Magistrados (entre otras), la propia Corte y sin dudas el Consejo de la Magistratura.