Editorial

La ley de información pública

La reciente media sanción dada por la Cámara de Senadores de la provincia al proyecto de ley de información pública enviado, al poco tiempo de su asunción, por el gobierno de Jorge Obeid, pasó inadvertida en medio del debate que se gestó alrededor de la derogación de la ley de lemas, pero posee aspectos claramente polémicos que la sociedad no debería ignorar ni subestimar, ya que hacen a la defensa de sus derechos más profundos.

El elemento que disparó el debate fue la sorpresiva introducción, a último momento, de modificaciones al artículo cuarto de la norma por parte de los legisladores oficialistas. En él se establece que el ministro coordinador y los presidentes de los poderes Legislativo y Judicial recibirán el requerimiento de aquellos que invoquen un "interés legítimo" por conocer un acto de gobierno.

La objeción resulta obvia, casi pedestre: ¿cuál interés resulta, en este caso, "legítimo"? La inclusión de dicha cláusula se presenta, entonces, como una flagrante contradicción con el espíritu que anima a la norma jurídica, en momentos que la sociedad nacional levanta con mayor firmeza que nunca el reclamo de transparencia administrativa y de gestión. Y tal demanda se dirige, paradójicamente, hacia aquellos que deberían erigirse en garantes de lo mismo que acaban de desvirtuar con su acción, contradiciendo el mandato de quienes los han votado.

El adjetivo "antidemocrática" no parece quedarle chica, en efecto, a la extraña modificación dispuesta entre gallos y medianoche por el bloque de senadores del justicialismo y que despertó severos cuestionamientos de sus pares de otras agrupaciones políticas, que al votar positivamente por la aprobación en general de la ley dejaron expresa mención de su disenso con la cláusula.

Tal como lo reflejó La Capital en su edición del pasado viernes, el contenido de este agregado ya despertó reacciones que trascienden no sólo el ámbito provincial, sino el nacional. Desde Miami, el presidente de la comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Latinoamericana de Prensa (SIP), aseguró que la norma "nace con un vicio de restricción" y requirió que al redactar la ley se adopte el modelo de otros países hispanoamericanos donde "los ciudadanos no están obligados a justificar un interés específico para obtener información pública", sino que para hacerlo sencillamente deben requerirla en forma verbal o escrita. La objeción se agrega a la que oportunamente expresara el Sindicato de Prensa rosarino.

Acaso se trate, apenas, de la repetición de viejos y lamentables vicios de la corporación política santafesina. De lo que no pueden caber dudas, más allá del origen del mal, es de la urgente necesidad de una rectificación, que permita a una ley valiosa en su concepción convertirse en la herramienta apta para que la ciudadanía pueda acceder sin restricciones de ninguna clase al conocimiento preciso de cada acto de gobierno.