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 miércoles, 01 de septiembre de 2004

Argumentos del gobierno para revocar una conmutación de pena

Más de 10 mil personas que expresaron su disconformidad en un petitorio, un profundo malestar de la comunidad ante la sensación de injusticia por una medida gubernativa, manifestaciones públicas de los familiares de las víctimas y el profuso tratamiento de la prensa fueron las causas que impulsaron al gobierno provincial a revocar la conmutación de penas con la que benefició al ex bombero Carlos Alberto Lovazzano, condenado a reclusión perpetua por matar a su esposa, a su cuñada y a la abuela de ambas además de causar heridas a otras cuatro personas. Así lo expresan los fundamentos del decreto provincial 1327, fechado el 20 de julio pasado, y del que diera cuenta La Capital en su edición de ayer.

En una verdadera muestra de rectificación de sus actos fallidos, algo que no es muy común en la clase política y en la administración pública, el gobernador Jorge Obeid y el ministro de Gobierno Roberto Rosúa firmaron el mencionado decreto que recién trascendió esta semana.

El hecho por el cual fue condenado Lovazzano ocurrió el 5 de agosto de 1994 en la ciudad de Pérez. Aquel día, este bombero que por entonces tenía 27 años, llegó a la peluquería donde trabajaba su esposa y desató una masacre al disparar trece veces su arma reglamentaria. Mató a su mujer, Marcela Capellini, de 26 años; a su cuñada, Adriana Capellini, de 17; y a la abuela de ambas, Marina Traselli de Capellini, de 70. Además, hirió a su suegra, Ana María González de Capellini; a su cuñado, Fernando Capellini; y a dos clientas que estaban en el comercio: María Rinaldi de Varale y Rosa Ester Snidaro.

Dos años después, el 7 de junio de 1996, el juez de Sentencia Antonio Ramos condenó a Lovazzano a reclusión perpetua por el delito de homicidio agravado por el vínculo en un caso, homicidio simple en dos casos, tentativa de homicidio en cuatro hechos y amenazas coactivas, todas en concurso real.

Nueve meses más tarde, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones rechazó el planteo defensivo que sostenía que el bombero había actuado bajo un estado de emoción violenta y confirmó la sentencia.

Sin embargo, en marzo pasado el gobierno de Obeid conmutó las penas de 227 presos amparado en su atribución constitucional de perdonar parcialmente cambiando una pena grave por otra más leve. Entre los beneficiados estaba Lovazzano y, para sostener tal decisión, desde el Ejecutivo se argumentó que el condenado "tenía buenos antecedentes institucionales" en la cárcel de Coronda y contaba con "opinión positiva" por parte del juez de Ejecución Penal de Sentencia de esa ciudad. Claro que también reconoció el gobierno que el Grupo de Tratamiento y Calificación de la Unidad Penitenciaria 1 opinó en forma "desfavorable" sobre la conmutación.

Cuando el beneficio al ex bombero de Pérez trascendió los límites de los escritorios, el rechazo popular fue unánime. Y ese clamor fue escuchado por quienes habían otorgado la conmutación. Así, cuatro meses después, el gobierno santafesino rectificó su decisión con un nuevo decreto en el cual sostiene que "si bien la administración siguió los pasos administrativos de estilo, es evidente que se le concedió a una persona que cometió delitos aberrantes castigados con el máximo de sanción que instituye el Código Penal".

Para llegar a esa conclusión, el gobierno santafesino admite que la conmutación "fue inoportuna e inadecuada" y dice haber tenido en cuenta los siguientes hechos:

* "Manifestaciones públicas efectuadas por los familiares directos de las víctimas".

* "La declaración 101/04 del Concejo Municipal de Pérez, de la que surge un profundo malestar de la comunidad toda ante la sensación de injusticia e impotencia por la medida gubernativa adoptada".

* "La disconformidad reafirmada por más de 10 mil firmas elevadas al Poder Ejecutivo y con el tratamiento dado en la prensa tanto oral como escrita".

* A pesar de que "la conmutación tuvo en miras beneficiar al condenado, ello no implica perder de vista el interés público, que debe estar presente en todos los actos de gobierno".

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Capellini, sobreviviente del ataque de Lovazzano de 1994.

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