Incrementos para privados

Un fallo emitido anteayer por la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que los docentes privados deben estar incluidos en los decretos presidenciales de aumento salarial correspondientes a los años 2002 y 2003. Tras una batalla judicial, unos 200 mil trabajadores de la enseñanza privada (30 mil en Santa Fe) deberán cobrar 274 pesos mensuales adicionales al salario. Pero además se les reconoce un retroactivo de dos años, con lo cual la deuda laboral de los colegios con cada profesor asciende a los 5 mil pesos. Esta situación hizo estallar la polémica entre el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop).

La reacción de los empleadores fue inmediata. El presidente del Consudec, Hugo Salaberry, advirtió que con esta resolución "más de dos mil colegios estarían al borde del abismo". Y el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, afirmó que se pondrá a la educación privada "en un callejón sin salida".

Desde la vereda de enfrente, la titular de Sadop, María Lazzaro, denunció "aprietes e intimidaciones a los docentes en los colegios debido a esta situación", y acusó a la Iglesia de manejar "un doble discurso".

Arancedo volvió a la carga al manifestar que "se está poniendo a la escuela privada a la altura de una empresa", y aseguró que ya se pidió la revisión de esta situación al gobierno nacional para que quede anulada o postergada.

"Esta resolución condena a muerte a dos mil institutos que prestan un servicio de entrega y generosidad porque las circunstancias de la patria lo necesitan", insistió Salaberry para advertir que "no se puede poner en juego las fuentes de trabajo por decreto".

Lazzaro reveló que ante la batalla legal planteada por los reconocimientos de los decretos de aumento, "en los colegios privados empezó una escalada de amenazas, recortes de horas cátedra, despidos y aprietes por reclamar algo que legítimamente le corresponde a los trabajadores".

Frente a la imposibilidad de los colegios católicos confesionales de afrontar estos aumentos hecha, la sindicalista confesó que "en su momento cuando se les pidió a los directivos (de esas instituciones) que justifiquen con sus balances presentarse en un concurso preventivo de crisis, ellos nos dijeron que antes preferían cerrar las escuelas". Luego consideró que "un empleador, sea obispo o no, al habilitar una escuela debe garantizar tanto solvencia moral como económica".

Lazzaro -quien se autodefinió como "católica practicante"-, acusó al arzobispo de Rosario, Eduardo Mirás, de "defender a otros laburantes como los taxistas, pero sin respetar a los docentes privados", al agregar que "duele que el doble discurso surja de la Iglesia".