La deuda. En Rosario se estima que hay más de u$s 500 millones en bonos en default. Los tenedores individuales piden un tratamiento más personalizado en la renegociación

Los bonistas de carne y hueso

Los ahorristas damnificados de la región están muy lejos de ser fondos buitres. Adquirieron los títulos por mal asesoramiento bancario o por pagos de indemnizaciones del Estado

Sandra Cicaré / La Capital

José María es un jubilado ferroviario, tiene 73 años y una voluntad de hierro. No sólo la hizo a fuerza de trabajar duro en los viejos talleres que tenía Ferrocarriles Argentinos en Villa Diego, sino además peleando en estos últimos dos años para evitar perder -de manos del Estado argentino- los pocos pesos que cobró en bonos (Bocon Pro 1) por una deuda salarial de la ex compañía estatal.

Desde que la Argentina entró en default (cesación de pagos) en enero de 2002, José María como otros 500 mil tenedores de bonos individuales diseminados por el resto del país, dejaron de cobrar la renta de los títulos públicos y hoy son los que esperan conocer los detalles finos de la nueva propuesta que lanzó el gobierno argentino para reestructurar la deuda pública en cesación de pagos.

Su caso se repite por cientos en Rosario, una plaza que a juicio de los analistas del mercado local concentró a muchos tenedores de bonos, que adquirieron estos títulos prácticamente al valor nominal y como una forma de ahorro muy conservadora, para colocar dineros provenientes generalmente de indemnizaciones, juicios, herencias o incluso honorarios.

En Rosario, entre tenencias de compañías de seguros y bancos, hay más de 500 millones de dólares en bonos, aseguran los analistas del mercado que, sin embargo, no pueden dar extremas precisiones sobre los montos totales porque además de esto hay que contar a los tenedores individuales que están altamente atomizados y no todos identificados.

Por caso, en la delegación local de la Asociación de Damnificados por la Pesificación y el Default (Adapd) calculan que en la ciudad y la región hay unos 250 bonistas, pero desde la misma agrupación aseguran que este número es apenas la tercera parte del total de los tenedores, muchos de los cuales no están identificados por diversas causas, entre ellas, la alta incidencia de la economía en negro.

"Aquí no hay fondos buitres, la mayoría de los tenedores de bonos son damnificados puros", explicó el economista Jorge Bertero, quien precisó que en Rosario y la región "prácticamente no hay gente que haya adquirido títulos al 20% de su valor para luego hacerle juicio al Estado argentino, sino que se trata de tenedores que los compraron a valores de entre el 70 y 80 por ciento e incluso algunos fueron suscriptores de los mismos".

En este sentido nombró el caso del Bonte 02, un título que muchos rosarinos pagaron al 99,75% de su valor, prácticamente el de salida al mercado.

La concepción del analista queda plasmada en los hechos de la realidad. La última reunión que realizó la delegación local de Adapd la semana que pasó, concentró a un auditorio poblado de gente mayor, la mayoría de los cuales superaba los 60 años y que se habían hecho de los títulos por asesoramiento de los bancos donde tenía el plazo fijo -según expresaron- como forma de ahorrar el dinero de una herencia, de una indemnización o de un seguro de vida.

De acuerdo a la última propuesta que anunció el ministro de Economía Roberto Lavagna, el gobierno argentino está dispuesto a pagar el 25% del valor nominal de los títulos en default más los intereses vencidos desde enero de 2002 hasta diciembre de 2003 (si se logra una adhesión menor al 66%) o hasta junio de 2004 (si la aceptación es mayor).

De ese modo, el universo de Bontes, Letes, Globales o Préstamos Garantizados hoy en cesación de pagos -que con intereses hoy suman 106 mil millones de dólares- serán canjeados por nuevos bonos emitidos por la Argentina con plazos de entre 30 y 42 años.

Sobre ese total de más de 100 mil millones de dólares, "la mitad está en manos de argentinos", explicó Eugenio Bruno, asesor externo de Adapd nacional y autor del libro "El default y la deuda externa argentina" (ver pagina 6).

Bruno indicó que sobre el total de los bonos que están en manos de tenedores argentinos, un 50 por ciento son institucionales y está en poder de las Aseguradores de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) "lo que quiere decir es de 9 millones de ahorristas previsionales" y "la otra mitad son aproximadamente 500 mil ahorristas o inversores individuales", agregó.

El resto está diseminado entre el universo de tenedores externos, de los cuales y según números gruesos unos 300 mil están en Italia, 40 mil en Alemania, además de Japón y Estados Unidos, que representan entre los cuatro el grupo más significativos de acreedores privados de la Argentina.

Los bonistas externos están mayormente representados por el poderoso Comité Global de Tenedores de Bonos de la Argentina (GCAB) que dicen concentrar a 37.000 millones de dólares en bonos en default.

Este es el segmento más beligerante de los acreedores, quienes a poco de conocer la nueva propuesta que lanzó el ministro Lavagna hace dos semanas ya anticiparon que no viajarían a Buenos Aires para reunirse con las autoridades de Economía, mucho más después de conocer las declaraciones del titular de ésta cartera quien aseguró que "ya no hay nada por negociar", y los encuentros sólo serán para aclarar cuestiones técnicas sobre el segundo repechaje.


Nada que ver con buitres
En el imaginario colectivo de los argentinos está instalado que este conjunto de bonistas internacionales conforman los denominados "fondos buitres", aquellos que se los conoce así porque compraron a muy bajo precio (alrededor del 20%) los títulos públicos argentinos, incluso con la certeza de que podrían hacerle juicio al Estado si éste caía en cesación de pagos, y hoy quieren recuperar a toda costa el valor nominal y en dólares.

Alberto está muy lejos de todo esto. Este rosarino de 63 años quien durante cuarenta trabajó en una empresa metalúrgica de la ciudad y fue despedido cinco años antes de poder jubilarse, jamás pensó que tendría que accionar contra nada menos que el Estado argentino. "Nunca en mi vida vi tanta plata junta como cuando me pagaron la indemnización, después de haberme echado como un perro", dice con bronca y angustia. Ante esto "pedí asesoramiento a un agente de bolsa para que me dijera qué podía hacer con este dinero, de manera que me diese algún interés para sobrevivir hasta que me jubilara", agrega.

En ese momento invirtió toda su indemnización en bonos Globales 2015 y 2017, cobró la renta hasta enero de 2002 y hoy espera que haya una salida mucho más conveniente que tener que esperar 30 o 42 años (algo prácticamente imposible) para hacerse de una parte del dinero que le corresponde.

Con voz firme y demasiada coherencia, la señora que carga años se preguntó "¿por qué a nosotros, que no somos fondos buitres y no queremos especular con intereses ni nada, no nos pagan 1,40 + CER + Boden 2003 como aquellos que les quedaron los plazos fijos en el corralito?"

Su razonamiento se presume lógico si el Estado discriminara caso por caso y estudiara la situación de cada uno de los tenedores de bonos. Pero demasiado ingenuo si se tiene en cuenta que para el gobierno argentino los bonistas son todos iguales y la oferta es única y por lo que expresaron, definitiva.

Aunque el segundo anuncio de renegociación es para analistas, economistas e incluso bonistas mucho más beneficiosa que la inicial lanzada en Dubai, donde sólo se pagaba el 25% del capital adeudado sin los intereses, está muy lejos de convertirse en una alternativa atractiva, fundamentalmente por los plazos de los nuevos títulos y por el porcentaje de la quita de capital.

De esto está convencido Oscar, un hombre que carga con 82 años y tiene Bontes 2003 "No puedo esperar 42 años", dice con una lógica palmaria y se pregunta: "¿Qué hago?". Aunque él tiene un amparo en la justicia rosarina, existe un régimen especial que contempla el caso de las personas mayores de 75 años, las cuales mediante un trámite administrativo por edad avanzada en el Ministerio de Economía, pueden cobrar sus títulos a 1,40 + CER. O, en el mejor de los casos, esperar a la Justicia.

Daniela tiene 35 años y algún tiempo más para esperar, pero igualmente 42 años "son demasiados, ni yo voy a poder utilizar ese dinero", reflexiona cuando habla de los 40 mil dólares que no son suyos sino de su papá -quien ya no alberga demasiadas esperanzas de cobro- y que los recibió como herencia por una indemnización de su padre, que fue soldado en la 1º Guerra Mundial.

"Los teníamos en una obligación negociable en el Banco Israelita, cuando éstas vencieron, en el Bisel nos asesoraron para que compremos títulos públicos porque decían que el Estado nunca dejaría de pagar, era lo más seguro", cuenta Daniela.

"Después de recibir algunos pocos pagos que eran semestrales y nos aportaban una renta de 2.300 pesos cada seis meses, dejamos de cobrar en noviembre de 2001", agrega.

"Mi papá que es un trabajador cuentapropista esperaba contar con ese dinero como para asegurarse ingresos ante una jubilación mínima y dejarme algo a mí, una especie de reserva ante eventualidades", explica resignada y a la espera de opción más viable para lo que ya no será lo que fue.

Cuando el presidente Néstor Kirchner pregona que no piensa poner en juego la sustentabilidad del país y de sus habitantes con una oferta fuera de las posibilidades de pago su discurso trasunta una política razonable que prioriza los intereses argentinos por sobre compromisos externos a cualquier precio.

Muy distinto suene tal vez para los miles de ahorristas argentinos que se sienten tratados como fondos buitres cuando sentencian: "Nosotros creímos en el país, no mandamos la plata afuera e incluso, nos encajaron los bonos".

Esta semana que pasó, el gobierno argentino dio una señal de que no está dispuesta a flexibilizar más su propuesta cuando envió a las autoridades financieras de Estados Unidos (la Security Exchange Comission) la oferta de reestructuración para obtener la aprobación legal del listado de bonos, aunque sigue quedando .

Los bonistas también sentaron posición. Mientras Adapd no canceló la reunión, los representantes de la Asociación de Ahorristas de la República Argentina (Aara) salieron totalmente disgustados del encuentro con los representantes del Ministerio de Economía.

"Representamos a ahorristas personales, no institucionales, y atrás de una propuesta financiera hay personas", dijo Carlos Báez titular de Aara quien comentó que le preguntó al gobierno si la oferta "venía con medicamentos mágicos para que una persona de 60 años pudiera llegar a los 102 para cobrar".

Por su parte, Marta Zurbano, también de Aara, recalcó que "la oferta no puede ser aceptada por ahorrista comunes, no sofisticados, que ahora tiene que comer y les dicen que tienen que esperar 40 años para cobrar".

La entidad plantea que así como está presentada la oferta le sirve sólo a los inversores institucionales y no a lo minoristas, que sin dudas lo van a rechazar.

"Yo tengo 74 años y todos mis ahorros -que estaban en un plazo fijo- ahora son Bontes 2003. El banco me asesoró que cambiara porque como siempre me olvidaba de renovarlo, ésto era más práctico y daba buen interés. Cobré sólo un año y medio de renta y nada más. Pero no ponga mi nombre... hay mucha inseguridad, tengo miedo que me roben". ¡Qué ironía!.

Los bonistas locales escuchan las alternativas.