Crisis puntana. Radiografía de una provincia convulsionada

San Luis, una bomba dormida

Alberto Rodríguez Saá trata de sofocar conflictos mientras la oposición no cede en su pedido de intervención

Javier Felcaro / La Capital

San Luis (enviado especial).- A las causas de la crisis política que sacude a la sociedad puntana hay que buscarlas entre las grietas que luce la fachada de una hegemonía de más de dos décadas: la de los hermanos Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. Una situación que, junto a la reiteración de conflictos y el hartazgo popular, convierte a la provincia de San Luis en una verdadera bomba dormida.

"Los Rodríguez Saá son como las siamesas iraníes: si los querés separar, tenés que matarlos". La frase, en boca de uno de sus más acérrimos opositores (ver página 13), describe en clave mordaz un juego de poder abierto en 1983, con la democracia naciente, cuando Adolfo (abogado, dirigente y apoderado peronista) asumió como gobernador sanluiseño gracias a la sociedad con otro referente del PJ, el ferroviario Oraldo Britos. Aunque éste después lo lamentaría.

Así fue el comienzo de este monopolio político, con tintes feudales. Adolfo, siempre asesorado de cerca por Alberto, no se alejaría de la Gobernación hasta 2002, cuando, a mediados de su quinto mandato consecutivo, se anotó como candidato presidencial. Hoy es diputado nacional.

Su continuidad nació en una reforma constitucional que impuso la reelección indefinida, lo que convirtió a Adolfo en un caudillo provincial de la estirpe de los que gobernaban Catamarca o Santiago del Estero. En su gestión se consolidó una economía basada en la industria, beneficio que rindió sus frutos pero fue efímero.

Con Adolfo intentando retornar a la Casa Rosada (después de su fallida presidencia de "siete días y siete noches" en 2001), Alberto, apasionado por las artes plásticas y autodefinido anticatólico, ganó los comicios realizados en San Luis en abril del año pasado. Asumió el 25 de mayo.

Actualmente se defiende argumentando que las urnas lo respaldaron con el 91% de los votos. La oposición sostiene, entre varias teorías, que se vio favorecido porque otros partidos, disconformes con un decreto de caducidad de todos los mandatos, no presentaron candidatos.


Frentes abiertos
Al poco tiempo abrió varios frentes de conflicto simultáneos, producto de una administración pendulante. La relación con la Iglesia Católica ya era mala, y se complicó luego de que ordenara sustituir a los religiosos que estaban a cargo de colonias hogares e institutos de menores en riesgo. La puja con el obispo Jorge Lona quedó al rojo vivo.

Hasta la policía, obedeciendo al Ejecutivo, frenó el ingreso del nuncio apostólico a uno de los hogares en cuestión. Fue el punto de inflexión de un vínculo que supo tener sus buenos momentos, sobre todo cuando el ex obispo Juan Laise ofició dos misas en solidaridad con Adolfo.

Ocurrió en 1999, cuando el entonces mandatario puntano quedó atrapado en un escándalo al denunciar su secuestro en un hotel alojamiento. Luego Laise pasó a integrar las filas enemigas de los hermanos. La relación entre Lona y Adolfo era buena, pero Alberto dejó el Senado nacional y estallaron nuevos choques.

Ya en la Gobernación, Alberto tomó un rumbo distinto al prefijado por su hermano, incluso llegó a cambiar ministerios (creó el de la Legalidad y el del Progreso). También cristalizó una riesgosa iniciativa, incorporada por Adolfo a sus promesas presidenciales: la caducidad de las leyes existentes.

Tras la confrontación con la Iglesia llegaron los cortocircuitos con la Intendencia opositora de la capital puntana, con los docentes (que provisoriamente reanudaron las clases) y otros gremios estatales. La oposición, en su mayoría sindicatos y peronistas que rompieron lanzas, se movilizó, soportando réplicas desde los medios de comunicación atribuidos a la familia Saá (ver aparte).

La crisis institucional se agudizó. El ejemplo más cabal es la inédita convivencia de dos intendentes en la ciudad de San Luis, electos en sendos comicios: Daniel Pérsico (oposición del PJ) y María Angélica Torrontegui (adolfista). Disputa que dirimirá la Corte Suprema nacional.

Mientras el Poder Judicial desnuda sus relaciones políticas, la promesa de Alberto al asumir de "trabajo para todos" lejos está de ser una realidad. Si bien hubo un crecimiento considerable en la etapa dorada de la promoción industrial, actualmente son mayoría las fábricas cerradas. Los que absorbieron capital no fueron precisamente empresarios puntanos.

El saldo: 43 mil desocupados. La mayoría pasó a ser beneficiaria del Programa de Inclusión Social (los Pico y Pala), con haberes de 300 pesos en papeles. Una práctica clientelista que también devino en un grupo de choque siempre listo a eclipsar toda movilización opositora, tal como ocurre por estos días.

Con el termómetro social al tope, Alberto fue cediendo espacio a Adolfo, virtual salvador de su gestión. Pero la lupa de la Nación sigue posada sobre San Luis desde la represión en la plaza Independencia, el 30 de abril.

Pese a no haber diálogo con el presidente Néstor Kirchner, la relación hasta ahora no era de las peores. En Balcarce 50 (que ya medió en el conflicto) nadie quiere hablar de intervención. La oposición arriesga: esperan acontecimientos más graves para recién después aplicar el remedio federal.

En ese sentido, La Capital accedió la semana pasada a la carta abierta que Poder Ciudadano le envió a Kirchner. Luego de una recorrida in situ, instó a intervenir San Luis sin más dilaciones.

La capital puntana palpita un estado de movilización inédito en más de 20 años.