Sospechas sobre el financiamiento ilegal de la campaña de Kirchner

El informe del ARI que golpea duro al gobierno

Las denuncias apuntan al entorno presidencial

Walter Palena / La Capital

Favores a empresas que colaboraron con la campaña Kirchner-Scioli, evasión impositiva, lavado de dinero proveniente del narcotráfico y funcionarios ocupando lugares clave en la órbita del Estado señalados como "recaudadores" del presidente, constituyen el eje principal de lo que hasta ahora es la denuncia más grave contra el gobierno nacional. El dossier fue elaborado por los diputados nacionales del ARI Adrián Pérez (Buenos Aires) y Fabiana Ríos (Tierra del Fuego), y coordinado por la titular de esa fuerza, Elisa Carrió. La acusación sacudió fuertemente al entorno del jefe del Estado, quien ayer amenazó con querellar a Carrió (ver aparte).

La ex diputada ya había anticipado en los últimos días la bomba que tenía en sus manos con acusaciones contra el ministro de Planificación, Julio De Vido, y las vinculaciones del gobierno con empresas pesqueras y de hidrocarburos radicadas en la Patagonia.

El informe completo de la denuncia se pudo conocer recién el viernes a través de la página web del ARI. Allí aparece toda una trama oscura que vincula a Kirchner con empresarios en actividades ilícitas, además de anexar a la información propia un detalle del gasto de campaña realizado por Poder Ciudadano, donde se señala que las cifras aportadas por el Frente para la Victoria son superiores a la declarada ante la Justicia electoral.

De los seis capítulos en que está divido el paper se desprenden todo tipo de sospechas sobre el financiamiento ilegal de la campaña de Kirchner y la consiguiente "contraprestación" por parte del Estado a las empresas que colaboraron con "dinero o en especias". También da nombres propios de funcionarios prácticamente desconocidos, pero que gravitan o gravitaron en el diagrama de poder que armó el santacruceño.

El ítem dedicado a la relación de Kirchner con las empresas pesqueras patagónicas está basado, casi en su totalidad, en testimonios de personas que los diputados del ARI mantienen en reserva y que permiten inferir su influencia con las esferas más sensibles del poder.

El caso emblemático lo constituye la empresa Conarpesa, cuyos dueños están prófugos acusados de instigar el asesinato de un empresario del rubro, Raúl Cacho Espinosa, quien también aportó 60 mil pesos para la campaña de Kirchner a cambio de "favores" que luego no se realizaron. Según testigos, Espinosa le habría entregado el dinero a Rudy Ulloa y Claudio Uberti. Ulloa fue un estrecho colaborador de Kirchner en Santa Cruz y hoy está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Uberti trabaja en un área que está bajo la tutela de Julio De Vido.

El informe ubica precisamente a De Vido como el principal "recaudador" de la campaña de Kirchner y su estrecha relación con Conarpesa y otras empresas españolas que están "depredando" los recursos ictícolas en el sur a través de diferentes concesiones que le hizo el Estado. Conarpesa no sólo aparece ligada con aportes de dinero en efectivo para el proyecto K, sino también en la logística de la organización de algunos actos que realizó el presidente en la Patagonia.

Con respecto a las empresas petroleras, el informe aclara que no existen evidencias de que hayan financiado la campaña de Kirchner, pero infiere que con el arribo de santacruceño a la Presidencia, Repsol-YPF adquirió ciertas "ventajas", como la prórroga para seguir utilizando el benceno (un producto altamente tóxico) para la elaboración del combustible.

El paper también hace foco en el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, quien fuera el responsable de la campaña del santacruceño. Fernández declaró que el gasto de la fórmula Kirchner-Scioli fue de 1.557.733 pesos. Sin embargo, Poder Ciudadano estimó esa erogación en 10.780.974 pesos.

Pero la comisión investigadora del ARI se propone ir más lejos todavía: prometió para dentro de 30 días el informe final sobre la situación de las empresas pesqueras y otro sobre los recursos energéticos.

Carrió acusó al gobierno de favorecer a empresas que aportaron para su campaña.