Nacionalizarán a víctimas y familiares

Madrid. - El gobierno conservador español, que en los últimos años endureció la legislación sobre inmigración, anunció ayer que dará papeles a familiares y víctimas de la matanza de Madrid que estén en situación irregular en España. "He dado instrucciones al ministerio del Interior para que con carácter extraordinario proceda a la regularización de la situación de todas las víctimas de los atentados y de sus familias, que pudieran encontrarse en situación irregular", anunció el presidente del gobierno español, José María Aznar.

En los ocho años de gobierno del Partido Popular (PP, derecha), que llegó al poder en 1996, Aznar reformó tres veces la ley de Extranjería para reforzar la lucha contra la inmigración ilegal y favorecer, según el Ejecutivo, la llegada de inmigrantes con papeles.

De las 198 víctimas mortales de la cadena de atentados terroristas perpetrada el jueves, al menos 13 latinoamericanos murieron, según un nuevo balance de la AFP, en base a fuentes diplomáticas. "El consejo de ministros ha acordado conceder a solicitud de los afectados la nacionalidad española a las víctimas y los familiares directos" de quienes se vieron involucrados en la cadena de atentados que golpearon a la capital española. "Podemos y debemos evitar que nadie tenga cualquier sensación de desamparo, cualquiera que sea su situación, su nacionalidad y sus circunstancias familiares o sociales", afirmó Aznar.

Paradójicamente, a fines de diciembre pasado en España entró en vigor una nueva Ley de Extranjería, cuya tercera reforma había anunciado el propio Aznar siete meses antes, en plena campaña electoral para las regionales del 25 de mayo de 2003. Entre otras medidas para luchar contra la inmigración irregular, esa nueva norma exige a las compañías aéreas que comuniquen la lista de pasajeros antes de su partida para que el gobierno verifique su regreso una vez cumplido el plazo legal del visado de turista.

Sindicatos y asociaciones de inmigrantes fustigaron dicha ley porque "amenaza" los derechos fundamentales, "condena a la invisibilidad a los inmigrantes irregulares" y es un "ataque al Estado de derecho".

En España viven 2,5 millones de extranjeros, de los cuales 600.000 son latinoamericanos en situación legal. Asociaciones de inmigrantes estiman una cifra similar para los irregulares procedentes de América latina. (AFP)