Una facultad indelegable del Estado

El subsecretario de Seguridad Pública de la provincia, Alejandro Rossi, señaló que "es legal" que los vecinos contraten servicio adicional de seguridad a la policía, pero aclaró que "es el Estado quién debe organizar el sistema de seguridad". Por su parte, el titular de la Cámara de Apelación Penal, Ernesto Pangia, aseguró que la policía debe reforzar el rol preventivo. Así, ambos funcionarios se refirieron a la decisión de vecinos del barrio Nuevo Alberdi y de Granadero Baigorria de contratar policías adicionales para enfrentar los problemas de inseguridad que padecen.

La polémica por la contratación de adicionales por parte de los vecinos puso en alerta a las autoridades del Ministerio de Gobierno. Es que si bien el recurso de reforzar la presencia policial resulta una práctica legal, genera una discusión en torno a quiénes pueden acceder a este plus y quienes no.

"El Estado es el que organiza la seguridad. Luego cada ciudadano puede evaluar sus resultados. Se puede disponer de un patrullero cada 20 manzanas, pero siempre hay un vecino que lo quiere en la puerta de la casa. Hay mucho de subjetividad en este tema", afirmó Rossi.

"Reconocemos las carencias y trabajamos par mejorarlas", añadió el subsecretario para estimar que si las autoridades policiales sugirieron contratar adicionales a la gente de Nuevo Alberdi "sería un grave error parecido a una chantada".

La seguridad como servicio del Estado "es para todos, fundamentalmente para los sectores de menores recursos, mientras que la ley de adicionales en su espíritu deja abierta la vía para aquellos que quieren reforzar la cantidad de efectivos", apuntó Rossi.

-¿Y qué se le dice a aquellos que contratan adicionales y quieren dejar de pagar los impuestos provinciales porque el Estado no les brinda seguridad?

-El impuesto es por vivir en una sociedad civilizada, no por un servicio. El Estado intenta dar respuesta, pero que no se distorsione el concepto.

Para el presidente de la Cámara de Apelación Penal de Rosario, "resulta entendible que la gente encuentre una solución al tema de la inseguridad a la medida de sus posibilidades", pero renglón seguido aclaró que "no es lo ideal porque llena un vacío que el Estado está dejando al descubierto".

De todos modos, para el magistrado estos "paliativos" son preferibles a que todo un barrio esté armado.

"La seguridad es una facultad indelegable del Estado, y hasta la propia democracia está en peligro", advirtió Pangia para considerar que "hay ir tomando conciencia que se debe hacer algo para atacar las causas de los delitos, como la desocupación, la carencia de instituciones de contención y el consumo de drogas".

Sin embargo, señaló se podrían aplicar políticas a corto plazo. "La prevención del delito debe estar a cargo de una policía preparada académicamente, y a su vez que diversos organismos eviten un accionar policial excedido en sus funciones".