Deuda, la gran negociación del año

La propuesta argentina enfrenta un duro rechazo de los acreedores nucleados en fondos buitre

La Argentina deberá enfrentar este año el desafío más importante que le haya tocado en la historia a un país de occidente, cuando comience el proceso de renegociación de la monumental deuda con los acreedores privados, cuyos lineamientos, que contemplan una importante quita, estiramientos de plazos y menores tasas, fueron anunciados a la comunidad financiera en septiembre pasado en Emiratos Arabes.

A sólo siete meses de haber accedido al poder, la administración de Néstor Kirchner deberá intentar ahora convencer a los acreedores de los más variados, tanto a nivel internacional como en el plano interno, que acepten la quita promedio del 75 por ciento, propuesta para los 94.300 millones de dólares en default.

Precisamente este porcentaje fue el que enfureció a los tenedores de bonos argentinos en default de todo el mundo, y ofició de detonante para que la Justicia de distintos países comenzara a recibir demandas contra la Argentina. La descomunal deuda argentina incluye a 152 familias de bonos en 14 monedas y 8 jurisdicciones distintas.

Además, la propuesta de quita puso al descubierto los manejos que otrora realizaron los responsables financieros de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), que apostaron en vano a la espera de un fallo redolarizador de la Corte Suprema de Justicia que nunca vio la luz.

Sólo Nación AFJP optó por canjear los títulos nominados en dólares en default por los bonos que ofreció el gobierno, que actualmente se pagan con normalidad.

El gobierno "no quiere asumir compromisos que luego no pueda cumplir", había dicho el ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien se encargó se reiterar a cuanto bonista se le cruzara por el mundo que los límites de la capacidad de pago del país son "el crecimiento económico, la reducción de la pobreza y el aumento del empleo".

Desde el ala política, tanto del Ministerio del Interior, como en la Jefatura de Gabinete, se encargaron de enfatizar que "no hay que concebir la propuesta de un presidente como un regateo, el valor de los papeles en el mercado es del 25 por ciento y esto es lo que ofrece el gobierno".

La propuesta de restructuración ofrece una serie de títulos "a la par", nominados en dólares, euros, o yenes, que mantienen el capital original, pero extienden el plazo a entre 20 y 42 años con una tasa de interés de entre 0,5 y 1,5 por ciento anual.

Otro de los bonos que se propone entregar a cambio de los títulos en cesación de pagos contiene un recorte en el valor nominal del 75 por ciento, a un plazo de entre 8 y 32 años, con una tasa de interés de entre el 1 y el 5 por ciento.

El tercer bono que propone el gobierno, denominado "cuasi par" implica un recorte del 30 por ciento del capital de la deuda original a una tasa de interés de entre 1 y 2 por ciento, y un plazo de repago de 20 a 42 años.

La propuesta argentina enfrentará ahora el 2004 con un final incierto en el plano externo, donde los acreedores, principalmente los italianos y alemanes, sumado a los denominados fondos buitres de Estados Unidos, amenazan con insistir con su reclamo en los tribunales internacionales.


La disputa con los locales
No obstante, en el plano local, Economía confía que los tenedores argentinos, tanto AFJP y compañías de seguros, como fondos comunes de inversión, aceptarán la quita.

El 38 por ciento de la deuda en "default" se encuentra en el mercado argentino, 20 por ciento en poder de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP) y el restante 18 por ciento entre bancos y particulares.

Esta expectativa surgió en las autoridades luego de que Lavagna se encargara de juntar en un mismo despacho y cosechar apoyos para la propuesta de lo más variado del empresariado local.

Ahora, a días de que termine el agitado 2003 en materia económica, falta aún definir el sindicato de bancos que asesorará al gobierno en este difícil proceso, para el cual 10 de las 15 entidades invitadas presentaron sus propuestas. Este convite también marcó la diferencia de esta administración con las anteriores, ya que bancos como el Credit Suisse First Boston, o Merrill Lynch, "amigos" de Domingo Cavallo, no fueron convocados.

Tras el acuerdo con el FMI, se abocó a la deuda con los privados.