Los puntos pendientes de los homicidios de Alberto y Germán Adorna

A tres meses, la Justicia no aclaró cómo fueron los crímenes de Funes

Un dictamen médico dice que Tulio tiene tendencias agresivas hacia sí mismo y terceros. El martes ingresó a un instituto psiquiátrico rosarino, bajo tutela clínica que no necesariamente implica la privación de libertad

La decisión judicial de transferir a Tulio Adorna a una clínica psiquiátrica del centro rosarino, el martes de la semana pasada, se precipitó luego de que a Tribunales llegaran versiones de que el chico estaba yendo a dormir a su casa de Funes, la misma donde murieron su padre y su hermano de dos certeros balazos por la espalda la noche del 4 de octubre pasado. El chico está bajo control médico pero su detención, indicaron allegados a la investigación, no supone la privación de la libertad: si un médico resuelve que para su tratamiento son convenientes las salidas, nadie podrá impedírselo.

Tulio está imputado como autor material de los homicidios pero la investigación judicial, aunque casi finalizada en lo formal, está trabada en aspectos cruciales para la dilucidación de lo ocurrido: no se reunieron los elementos de prueba para reconstruir el hecho porque muchos de ellos tienen sustentos débiles o entran en contradicciones.

El chico está internado en una clínica psiquiátrica convencional y no de recuperación de adictos a drogas que, en principio, fue la hipótesis defensiva para explicar el comportamiento del chico el día de la tragedia. La internación se produjo luego de que una junta médica de tres forenses -dos psiquiatras y una médica- diera validez al dictamen previo de una psicóloga que indicó que el joven tiene tendencias agresivas hacia sí mismo y hacia terceros. Estas tendencias, explicaron fuentes del caso, están documentadas en informes casi diarios y coincidentes que detallan brotes sufridos por Tulio durante su detención, en los que se provocó lesiones.

La familia Adorna propuso costear el tratamiento del chico en un instituto psiquiátrico. La novedad, en los hechos, es que el chico acusado de doble homicidio calificado no está bajo pautas jurídicas represivas sino clínicas: su nueva situación no supone la privación de la libertad. Un ejemplo: si los médicos que lo tutelan lo autorizan a dar un paseo o ir a tomar un café a la calle, lo puede hacer.

El 4 de octubre a las 21.30 la familia Adorna estaba en su chalé de la calle San José al 2400. Leandro, el hermano mellizo de Tulio, salió de la casa para ir a un cibercafé. Fue el único que quedó fuera del escenario de los hechos. Según el acta policial Alberto Adorna, el padre, de 50 años, y Germán Jesús, de 16, estaban sentados en el living mirando por TV el partido de Colón e Independiente. Alicia Travagliante, de 49 años, se hallaba en el lavadero y Catalina Dártoli, la madre de Alberto, de 80 años, en una habitación aledaña. Nadia, hermana de 19 años, se estaba bañando.

El acta dice que Tulio disparó contra su padre y su hermano con una pistola Bersa calibre 22 con silenciador, matándolos en el acto. Nadie alega haber visto esto. Luego resultaron heridas Catalina Dártoli y Alicia Travagliante, quien dice no haberse dado cuenta que su hijo le apuntó. Nadia dice en el acta policial -cuyo contenido cuestionaría al declarar luego en el juzgado- que vio a su hermano con el arma en la mano, que forcejeó para sacársela, que Tulio la golpeó y luego huyó. Al día siguiente lo encontraron en una casa de Elorza y Dorrego. "No lo quise hacer", dicen los testigos haberle escuchado decir a Tulio cuando lo detenían.

A casi tres meses de los homicidios, una serie de contradicciones y oscuridades no fueron despejadas del expediente, que ahora es examinado en la División Criminalística de la Unidad Regional II, que debe transparentar qué pasó durante la prevención policial: el personal del juzgado de Menores Nº 2, a cargo de Juan Leandro Artigas, no controló el procedimiento policial en el lugar del hecho. Y actualmente hay importantes cuestiones que no se aclararon. Las principales:

Fuera de la presunción, ningún elemento objetivo técnico determine que Tulio hizo los disparos. Nadie dice verlo, además, disparando a quienes murieron.

Hay contradicciones flagrantes entre los dichos de los testigos y partes actuantes. En Tribunales, Nadia desconoció haber oído disparos en la vivienda, negó haber visto un arma en manos de su hermano y hasta sostuvo que faltaron objetos de valor de los habitantes de la casa. En el acta, la joven dice que escuchó disparos, que fueron dos y que su hermano la encaró pistola en mano, golpeándola. Ante el juez, dijo que firmó cualquier cosa. Los responsables de labrar el acta, policías de la comisaría 23ª de Funes, ratificaron con énfasis que hicieron bien su trabajo. Esa sustantiva contradicción no queda, hasta hoy, zanjada. Y eso que presume un delito: o encubrimiento de parte de la chica o falsedad ideológica de los firmantes del acta.

No se ordenaron careos entre las partes: de Tulio con la familia, de la abuela -que está viviendo ahora fuera del núcleo parental- con el resto de la familia. Ni de Tulio y Nadia con la policía que intervino.

No hay construcción de la hipótesis criminal, ni de los móviles, ni de las eventuales participaciones que pudieron tener todos los actores en el proceso. Tulio dice que no se acuerda de lo que hizo. No aparece una motivación esgrimida en la investigación. No se avanzó sobre si el chico tuvo o no comprensión del acto criminal.

No se investigó el entorno familiar como motivador: el padre de Tulio, según reiterados informes volcados a este diario, era un contribuyente de la recaudación ilegal de la policía de Rosario. Era un hombre tachado de conflictivo, extremadamente machista, irascible y autoritario por numerosos vecinos que hablaron con este y otros medios de prensa.

(Continúa en página 33)

Tulio, a quien nadie vio disparar contra su familia, está en una clínica rosarina.