Diciembre negro. Más de 3.000 personas marcharon a la plaza San Martín

Rosario exige justicia y espera

A dos años de la caída de De la Rúa, la ciudad homenajeó a los muertos por la represión y pidió castigar a los culpables

Javier Felcaro / La Capital

Representantes de organizaciones sociales, gremiales, políticas y defensoras de los derechos humanos recordaron ayer las ocho muertes registradas en la provincia de Santa Fe el 19 y 20 de diciembre de 2001. A dos años de las sangrientas jornadas que enmarcaron la caída de Fernando de la Rúa, en Rosario, donde la represión provocó siete víctimas fatales y decenas de heridos, más de 3.000 personas exigieron Justicia y castigo a los responsables.

La movilización, con una destacada participación de habitantes de los barrios más humildes de la ciudad, comenzó cerca de las 19 en la plaza 25 de Mayo y concluyó varios minutos después en la San Martín, luego de atravesar el microcentro por calle Santa Fe.

La extensa columna, precedida por una bandera blanca con la leyenda "A dos años del argentinazo, unidos y de pie. Juicio y castigo a los asesinos" y acompañada por otro inmenso lienzo albiceleste, pasó frente a la ex Jefatura de Policía y actual sede de la Gobernación, cuya escalinata estaba repleta de uniformados (sin armas de fuego).

Al llegar al cruce con Balcarce, los manifestantes ingresaron a la plaza. El sonido de bombos, redoblantes y elementos de pirotecnia le pusieron ritmo a la marcha. Del color se encargaron varias bombas de humo rojo.

El amplio pedestal del mástil de la plaza fue el improvisado escenario desde donde se leyó un declaración conjunta que, además de recordar a las víctimas fatales, no escatimó durísimos cuestionamientos por la evolución de la investigación judicial.

Los firmantes hicieron hincapié en que todavía no hay responsables identificados en cinco de las siete muertes, todas por efecto de proyectiles compatibles con los que utiliza la policía.

Los nombres de Graciela Acosta, Yanina García, Claudio Pocho Lepratti, Rubén Pereyra, Juan Delgado, Walter Campos, Ricardo Villalba y Marcelo Pacini fueron acompañados por aplausos y un emotivo "presente" gritado a viva voz y con varios puños en alto. También se recordó a Graciela Machado, quien murió de un infarto en medio de la represión en Villa Gobernador Gálvez.

Luego vinieron los fuertes reproches al ex gobernador Carlos Reutemann y a De la Rúa, responsabilizados políticamente por los asesinatos del diciembre negro. Y se insistió en apuntar a una "impunidad compartida por los tres poderes, más la policía".

Estas palabras fueron seguidas con atención por Orlando Lepratti, el padre de Pocho, y la madre y la hermana de García. Después llegó el turno de las adhesiones (Hijos, APDH, Familiares, Barrios de Pie, CCC, CTA, ATE, Amsafé y legisladores nacionales y provinciales, entre otros) y, una vez entonado a capella el Himno Nacional Argentino, todos se desconcentraron en paz.

Previamente, la comunidad educativa de la escuela Serrano y organizaciones vecinales y comunitarias del barrio Las Flores habían homenajeado a las víctimas, en especial a la figura de Lepratti, el militante social baleado en la terraza de ese establecimiento educativo, donde era cocinero. La arenga "Pocho vive" también se multiplicó en barrio Ludueña.

En Villa Gobernador Gálvez se recordó a Acosta, la militante del Partido Comunista (PC) asesinada por la policía. El acto se desarrolló frente de la seccional 29ª, que fue escrachada. Dos uniformados de esa dependencia y el jefe de zona están detenidos por el crimen (ver página 4).

En rigor, el cronograma de movilizaciones y actos había arrancado por la mañana frente a los Tribunales provinciales de Rosario, donde se concentraron familiares de las víctimas y miembros de los organismos de derechos humanos. Luego se entregó a la Fiscalía en turno un documento pidiendo que se cite a declarar al ex jefe de la Unidad Regional II de Policía, comisario mayor Jorge Pupulin (ver aparte).

Las actividades programadas en Rosario fueron acompañadas por un vasto operativo policial preventivo, según las órdenes impartidas desde la Gobernación, con el fin de garantizar el desarrollo de la convocatoria y para evitar hechos de violencia.

Al mismo tiempo, la postal se reiteraba (como en otros puntos del país) en la plaza 25 de Mayo, en la capital provincial, frente a la Casa Gris. Los nombres de cada uno de los ocho muertos fueron pintados en la explanada y sus fotos expuestas en pancartas. La demanda de justicia en boca de unas 200 personas -también estuvieron inundados y piqueteros- fue unánime, al igual que los pedidos de desprocesamiento y el fin de la criminalización de la protesta social.

Lo cierto es que el sumario abierto por el asesinato de Acosta es el único que, hasta el momento, experimentó avances clave con la reciente imputación de tres policías. Es más: el jefe de la seccional 29ª declaró ante el juez Osvaldo Barbero que dio "la orden de que no tiraran". En tanto, todo indica que el juicio por el caso Lepratti finalizaría a mediados de 2004.

Familiares de las víctimas también pidieron esta semana la recusación del juez correccional santafesino Roberto Reyes, quien dictó el falta de mérito de los responsables políticos en aquellos convulsionados días: el ex ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez y el ex subsecretario de Seguridad Pública Enrique Alvarez.

Para seguir fortaleciendo la memoria, el martes próximo, a las 12, se realizará en el Concejo Municipal rosarino una sesión especial en homenaje a las víctimas del diciembre trágico en Santa Fe.

Organizaciones sociales, gremiales, políticas y derechos humanos reclamaron Justicia.