Las muertes de 2001. Cómo reportó la policía cada incidente (octava nota)

Una trama de silencio y ocultamiento

En los sumarios se advierte un patrón de alteración de datos: tiroteos inexistentes, vecinos que refutan versionesoficiales, búsqueda irregular de testigos o lugares de hechos cambiados se reiteran para diluir responsabilidades

Osvaldo Aguirre / La Capital

"Lepratti, Claudio Hugo (óbito) por resistencia a la autoridad y daños calificados". Tal fue la carátula de la presentación que hizo el 19 de diciembre de 2001 la División Judiciales, entonces a cargo del comisario José Manuel Maldonado. El día anterior había sido asesinado Lepratti: fue quizás la primera vez que se denunció a un muerto.

El dato sería una simple curiosidad si no hubiera tenido un trasfondo grave: las operaciones de encubrimiento de las irregularidades cometidas durante la represión del estallido popular de diciembre de 2001. Esta semana Maldonado, desde el martes jefe de la policía de Rosario, señaló que lo que giró en aquel momento fue una actuación para poner el hecho en conocimiento del juzgado, cuando en la repartición a su cargo aún se ignoraba el deceso del trabajador de la escuela de barrio Las Flores. La presentación de la División Judiciales terminó archivada en la Justicia Correccional, pero no fue la única sorpresa en la investigación de la muerte de Lepratti. Poco después salió a la luz una trama de encubrimiento en la que aparecía implicada la subcomisaría 20ª.

Allí se fraguó un procedimiento de principio a fin: se asentaron datos falsos en el libro de guardia, se presentó el asesinato como resultado de un enfrentamiento, se inventó una causa por daños contra la víctima y se dio protección a los responsables cuando debían ser detenidos. Para hacer creíble la maniobra los policías balearon el patrullero que conducían los autores del crimen.

El entonces jefe de la subcomisaría 20ª, Roberto de la Torre, fue acusado de encubrimiento pero se abstuvo de declarar. Esa misma actitud asumió la mayoría de los oficiales sujetos a investigación.

En septiembre de 2002 la Comisión Investigadora No Gubernamental denunció una serie de "patrones de encubrimiento" que se observaban en la actuación policial: "alteración y/o modificación del escenario de los hechos; recepción de testimonios por parte de personal de las propias secciones policiales involucradas; testigos aportados por personal de las propias secciones policiales comprometidas; desobediencia de las instrucciones del juez de instrucción", entre otras.

Asimismo, la Comisión cuestionó prácticas judiciales en la conducción de las investigaciones -"en algunos casos quedaron por meses en manos de la policía"- y destacó la omisión de investigar delitos o faltas administrativas presuntamente cometidas por policías.


Un muro de silencio
El comisario mayor Egidio Logiúdice, ex jefe de la División Logística, cumplió un rol decisivo en los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, ya que esa sección estaba encargada del aprovisionamiento de municiones. Estaba en situación inmejorable para iluminar acerca del presunto suministro de balas de plomo a los efectivos de la Unidad Regional II, un punto crucial de la causa judicial. Pero Logiúdice se negó a declarar.

El testimonio del comisario Jorge Martínez, jefe del Comando Radioeléctrico, también fue esperado con expectativa. Esa sección estuvo presente en la mayoría de los episodios investigados. Martínez podría haber explicado por qué los informes que dio a la Justicia sobre móviles y armamentos utilizados en los hechos donde murió Yanina García no coincidían con los datos de las pericias y las filmaciones televisivas. Pero ese fue un secreto que se guardó, ya que también se mantuvo en silencio.

Ernesto Mario Gratarola y Jorge Alberto Haro, jefes de Orden Público y de Operaciones, asimismo debían tener mucho para contar. Pero al igual que los anteriores mantuvieron la boca cerrada. Y los cuatro recibieron la falta de mérito en la causa donde el juez correccional Juan José Alarcón investigaba el incumplimiento de deberes de funcionario público.

En julio de 2002 se supo que el juez Osvaldo Barbero había constatado omisiones policiales graves, en alusión a la falta de actas preventivas de casos donde hubo, en el contexto de disturbios, civiles heridos de bala. En octubre se anunció que la Justicia había abierto 50 causas por los heridos con balas de plomo o de goma durante la represión.

La Comisión Investigadora aseguró que en todos los casos la policía alteró o modificó el escenario en el que se registraron las muertes y produjo la aparente de falsificación de testimonios y actas.

En el caso de Walter Campos, la propia fuerza implicada, la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), se encargó de buscar testigos en el lugar donde ocurrieron los hechos. En el sumario por la muerte de Juan Delgado, asesinado de un disparo por la espalda, por un policía que le disparó a tres metros de distancia, la Comisión sostuvo que se fabricó un acta para favorecer a los involucrados.

También se denunció que "la instrucción judicial no agota la totalidad de las hipótesis investigativas, fundando sus resoluciones casi exclusivamente sobre la base de las investigaciones realizadas por la policía y de los dichos de los propios imputados" y una actitud "tendenciosa", donde "las preguntas, en lugar de desentrañar la mecánica de los hechos, apuntan a que los testigos entren en contradicciones o desacreditarlas, aunque no se observa una práctica similar cuando los que declaran son policías".

La mayoría de los policías se rehusaron a decir al juez lo que sabían.