EDITORIAL

La reforma de la Justicia

Una de las mayores deudas de la aún incipiente democracia argentina con la sociedad se relaciona con los exigentes parámetros que plantea la eficiencia. Es que, según tantas veces se lo ha prometido, el país necesita concretar transformaciones de índole estructural si pretende incorporarse con éxito, preservando simultáneamente su propia identidad, en el mundo globalizado. Son demasiadas, en efecto, las marcas de obsolescencia e ineptitud que se perciben en ámbitos decisivos para la calidad de vida de los ciudadanos. Uno de ellos, sin dudas clave, es nada menos que uno de los tres poderes del Estado: el Judicial.

En su edición de ayer La Capital revelaba una situación alarmante: el virtual colapso de la Justicia federal rosarina, provocado por la falta de jueces. Los datos que se volcaron en la nota dan cuenta de una realidad patética, que amerita urgentes rectificaciones. Apenas dos juzgados se hallan en funcionamiento de los cuatro existentes en la ciudad, como consecuencia de una inexplicable morosidad a la hora de designar magistrados a fin de cubrir las vacantes provocadas por ascensos. Esa lentitud se torna aún más injustificable si se piensa que incluso con los cuatro juzgados trabajando a pleno resultaría insuficiente para satisfacer las necesidades de una urbe que ha crecido a pasos agigantados y de un nivel de conflictividad también en alza, acorde con los difíciles tiempos que se viven.

La situación reviste rasgos que pueden ser calificados de insólitos, como la concesión de audiencias para dentro de tres o cuatro años. Y ya se sabe que justicia lenta no es justicia.

Mientras tanto, como no podía ser de otra manera, las causas se siguen acumulando: sólo en el fuero civil suman alrededor de ochenta mil las que esperan ser resueltas.

El origen de los males, más allá de las dificultades estrictamente coyunturales, radica en un esquema que hace rato ha perdido su relación con la realidad presente. Tal como lo recordó un especialista en diálogo con este diario, la Justicia federal en la ciudad fue organizada a fines del siglo diecinueve, cuando en el sur de la provincia de Santa Fe había una población total de trescientos mil habitantes. Otro elemento que se agrega para justificar dilaciones es la creciente complejidad de los asuntos que deben enfrentar los magistrados, entre ellos el narcotráfico.

Ahora, cuando lo peor de la crisis socioeconómica que agobió a la Nación ya ha pasado, es el momento ideal para encarar las tareas de fondo, entre las cuales ocupa un puesto preponderante la necesaria reforma de la Justicia. Las dirigencias políticas nativas, tan cuestionadas por su actitud corporativa y por haber dado la espalda a las necesidades de la gente, tienen hoy la histórica oportunidad de modificar situaciones intolerables y convertirse así en el instrumento que la sociedad demanda. Pero esa oportunidad es también una obligación: la de escuchar los reclamos de la ciudadanía para atenderlos con celeridad y eficiencia.