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 sábado, 13 de diciembre de 2003

La confesión. Un arrepentido acusó al gobierno delarruista de pagar sobornos
Coimas con nombre y apellido
Pontaquarto, ex secretario parlamentario, admitió haber entregado el dinero sucio que proveyó la Side

El ex secretario parlamentario Mario Pontaquarto reveló ayer ante el juez federal Norberto Oyarbide que en abril de 2000 el gobierno de Fernando de la Rúa repartió casi 5 millones de pesos a senadores nacionales para obtener la sanción de la ley de reforma laboral. Pontaquarto confesó que se ocupó personalmente de retirar de la Side el dinero de las supuestas coimas que posibilitaron la aprobación de la ley, promulgada por la administración aliancista en mayo de 2000. Antes de la medianoche, los fiscales generales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron al magistrado que prohíba la salida del país a Alberto Flamarique y al ex titular de la Side Fernando de Santibañes. Solicitaron la misma medida para al menos seis senadores nombrados por el arrepentido. "El gobierno de Fernando de la Rúa pagó los sobornos", asestó Pontaquarto, quien se quebró varias veces ante Oyarbide.

El ex funcionario del Senado precisó que el 18 de abril de 2000 recibió de manos de una secretaria de De Santibañes dos maletas color negro con billetes distribuidos en fajos del Banco Nación. Y relató que, la noche en que el Senado dio el visto bueno para la aprobación de la ley, entregó el dinero al entonces senador Emilio Cantarero, en un departamento de la Recoleta.

Pontaquarto entregó al juez Oyarbide, que interviene en la causa en reemplazo de su colega Rodolfo Canicoba Corral, un papel que aquella noche le suministró Cantarero con los datos de los legisladores que, supuestamente, se beneficiaron con la compra de votos que habrían orquestado el entonces ministro Flamarique, y De Santibañes, con la venia de De la Rúa.

La revelación de Pontaquarto, quien declaró ante el juez en calidad de acusado, constituye un giro en la investigación que amenaza a varios ex funcionarios: la fiscalía formulará ahora una acusación por asociación ilícita que complica a hombres de la administración De la Rúa y a legisladores nacionales.

El gobierno de Néstor Kirchner, en tanto, festejó la confesión y ofreció protección a Pontaquarto. "Hoy es un día de gloria", se vanaglorió el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

A inicios de abril de 2000, la oposición del PJ impedía la aprobación de un proyecto de ley elaborado por la Alianza, y en esas circunstancias -según Pontaquarto- hubo una reunión en la que el propio De la Rúa recomendó acordar con De Santibañes el mecanismo para modificar la postura del bloque peronista.

Así las cosas, el entonces secretario parlamentario fue convocado a la Casa Rosada a un encuentro del que participaron De la Rúa, los senadores José Genoud, Augusto Alasino, Alberto Tell y Flamarique. Pontaquarto dijo que supo, tras la reunión, que había sido elegido para mediar en el pago de sobornos.

El 18 de abril de 2000, con directivas que le suministró Genoud, el emisario retiró el dinero de la Side y seis días después, cuando el Senado aprobó la ley, el senador Remo Costanzo le indicó a Pontaquarto que debía entregar el dinero a Cantarero, quien contó los billetes y proporcionó al secretario parlamentario una suerte de recibo, según la versión del arrepentido.

En una entrevista que concedió a la revista TXT antes de presentarse ante el juez Oyarbide, Pontaquarto explicó que el "comprobante" que recibió de Cantarero consignaba los nombres de Alasino, Tell, Costanzo, Julio San Millán, Beatriz Raijer, Carlos de la Rosa, Gioja y "otros".

En la causa penal, que seguirá a cargo de Canicoba Corral, fueron imputados once senadores, algunos de los cuales fueron sindicados por Pontaquarto como ajenos a las maniobras. El ex secretario parlamentario, en cambio, implicó a San Millán, Raijer, De la Rosa y Gioja, quienes habían quedado fuera de la investigación judicial. Ese es uno de los datos sorprendentes de la declaración del ex hombre de confianza de Genoud.

Aunque fueron beneficiados con una falta de mérito, el expediente registra como acusados a los entonces senadores radicales Javier Meneghini, Alcides López y Raúl Galván y a los justicialistas Tell, Angel Pardo, Ricardo Branda, Alasino, Costanzo, Cantarero, Eduardo Bauzá y Ramón Ortega.

Desde el gobierno nacional negaron que las explosivas revelaciones escondan una operación política, pero no dejó de sorprender que Aníbal Ibarra haya sido quien aconsejó a Pontaquarto que presente a la Justicia los datos que conocía. "Explotó porque no podía mirar a sus hijos a los ojos por la gran carga que sentía", reveló el jefe de Gobierno porteño.

Pontaquarto fue uno de los principales operadores del bloque radical y, aunque nunca ocupó un cargo electivo, logró formar parte de una elite legislativa que decidió la suerte de varias normas impulsadas por la Alianza. Ferviente admirador de Alfonsín, ocupó la estratégica Secretaría Parlamentaria durante el período 1999-2000.

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Pontaquarto detonó una "bomba".

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