La confesión. Conmoción en el gobierno y el resto del arco político argentino

Tarjeta roja para los radicales involucrados

La UCR decidió expulsar de sus filas a los afiliados envueltos en el escándalo de los sobornos

El radicalismo resolvió anoche expulsar de sus filas a los afiliados que "en su calidad de funcionarios del Poder Ejecutivo o Legislativo o terceros partícipes involucrados responsables en la causa de coimas en el Senado" por el tratamiento de la ley de reforma laboral.

La medida fue adoptada por los integrantes de la mesa ejecutiva partidaria, en una reunión convocada de urgencia por el titular del comité nacional de la UCR, Angel Rozas.

La resolución tomo estado público por después de conocerse la confesión del ex secretario parlamentario del Senado Mario Pontaquarto en un reportaje concedido a la revista TXT, en la que admitió haber llevado el dinero para pagar las coimas a distintos legisladores durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

También se decidió "instar a la Justicia a actuar en estricto cumplimiento de la Constitución y las leyes para concretar el esclarecimiento definitivo de la causa en el trámite de tratamiento de la reforma laboral".

La conducción de la UCR dispuso "la expulsión de todos aquellos afiliados que en su calidad de funcionarios del Poder Ejecutivo o Legislativo o terceros partícipes involucrados responsables en la causa en el trámite de tratamiento de la ley". Y elevó la cuestión a consideración de la convención nacional para que se expida al respecto.

La decisión de los miembros de la cúpula radical se ampara en que "las declaraciones" del ex funcionario legislativo "podrían aportar elementos al trámite judicial de la precitada causa".

En ese sentido, consideraron que la confesión debe servir para "el esclarecimiento de un hecho que, de no resolverse, empaña el funcionamiento de las instituciones de la democracia" y "para garantizar la transparencia y la individualización de quienes transgreden la ley y cometen delitos".

Tras indicar que "es esencial el funcionamiento de la Justicia y el accionar decidido de las instituciones y los partidos políticos", sostuvieron que "la UCR debe adoptar decisiones que contribuyan al esclarecimiento y disponga la exclusión de su seno de eventuales afiliados partícipes responsables".


Sin salida
Por su parte, los diputados nacionales del ARI Graciela Ocaña, María América González y Alberto Piccinini reclamaron en los Tribunales federales una medida judicial que impida la salida del país del ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique y de los senadores que votaron en favor de la reforma laboral.

Ocaña adelantó que también promoverá la anulación de la polémica ley sancionada en mayo de 2000.