La otra cara de la moneda

El gobierno empieza a mirar a los sindicatos

La pelea por la representación gremial mostró que el sector está vivo

Alfredo Chies / La Capital

El Ministerio de Trabajo falló a favor del camionero Hugo Moyano (CGT disidente) en el enfrentamiento que mantuvo con el mercantil Armando Cavalieri (CGT oficial) por la afiliación de unos 250 trabajadores de Carrefour, sumando otra a las varias novedades del campo gremial: la más importante es haber dado muestras de que todavía hay sindicatos.

Cavalieri conoce, doce años después, la otra cara de la moneda. En el congreso de noviembre de 1991 en el teatro porteño San Martín, junto con Guerino Andreoni y la CGT San Martín les tuercen el brazo a Lorenzo Miguel y al cervecero Saúl Ubaldini (CGT Azopardo) de la mano de una justicia que comenzaba a sintonizar los vientos menemistas y les vuelcan el congreso con los 60 delegados que la Uocra pone empujados por Gerardo Martínez.

Pocos meses después se instala la necesidad de una reforma laboral que prácticamente pauperizó a las organizaciones obreras, además de tornar en letra muerta los convenios colectivos de la mayoría de los gremios. El debate formal llevará otro par de años. Lo que sí tuvo aplicación inmediata aunque no declarada fue la forma más salvaje de la llamada flexibilización laboral, con los contratos basura como punta del iceberg.

También conoce la otra cara de la moneda el menemista Andrés Rodríguez, de Upcn, al coparle la parada Víctor de Gennaro (CTA) con la equiparación de la representación gremial para trabajadores estatales bajo la figura de la libertad sindical, una cuestión por demás interesante en el movimiento obrero, donde la renovación se da por fallecimiento, como en los cuadros políticos partidarios.


Volvieron los paros
La otra novedad manifiesta es que en la actividad privada han vuelto los paros para conseguir aumentos salariales. Desde hace muchos años las medidas de fuerza estaban en el corralito de los estatales, quienes a pesar de haber sufrido una espeluznante serie de ajustes por las privatizaciones, pudieron conservar algunos derechos adquiridos.

Pero la pelea de fondo que el gobierno todavía no da muestras concretas de querer presentar está vinculada directamente con el equilibrio de los espacios de poder para la discusión seria de las convenciones colectivas, una herramienta fundamental a la hora de considerar la distribución de la riqueza.

Ahora, las organizaciones gremiales no tienen un escenario para un embate porque la ausencia pertinaz del Estado en la década pasada las redujo prácticamente a la nada frente a una fenomenal concentración de capitales y la conformación de grandes grupos económicos y financieros. ¿Cómo hace un dirigente sindical para pulsear en una mesa con las representaciones de esos grandes conglomerados si el Estado no regula la dispar relación de fuerza para la aplicación de las convenciones colectivas, que ya están fijadas por ley?

La distancia entre lo establecido por la ley y su aplicación es muy grande, aun en los casos más aventajados. De modo que la libertad sindical, la extensión de la doble indemnización, el complemento de planes sociales para revitalizar el empleo, o bien el incentivo para que las empresas tomen a personas de más de determinada edad son sólo parches totalmente insuficientes, disimulados nada más que por la enorme desocupación y un profundo desprecio por el valor del trabajo.