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 jueves, 16 de octubre de 2003

Caos en Bolivia. El ejército reprimió una marcha de mineros: dos muertos
Se intensifican las protestas pidiendo la renuncia de Sánchez de Lozada
El gobierno reiteró que está dispuesto a negociar todo, menos el quiebre de las instituciones democráticas

La Paz. - Las protestas demandando la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada se expandieron ayer por gran parte de Bolivia, mientras el ejército contuvo una marcha de mineros y campesinos con un saldo de dos muertos, que elevó a al menos 86 el número de víctimas fatales en un mes de violencia. La céntrica plaza de San Francisco de La Paz, sede gubernamental que se debate entre una huelga generalizada y bloqueos que le provocan una grave escasez de alimentos y combustibles, fue escenario de una multitudinaria concentración.

La Central Obrera Boliviana llamó ayer, desde un multitudinario "cabildo abierto" en La Paz a una huelga de hambre de mujeres en todas las parroquias del país, "mientras los hombres combaten en las calles", dijo su principal dirigente, Jaime Solares. Militantes de organizaciones de derechos humanos y 10 concejales en La Paz ya dieron inicio a estas huelgas de hambre.

Millares de manifestantes llegaron a la plaza desde distintos sectores urbanos, rigurosamente custodiados por tropas militares y policiales. La consigna de las movilizaciones es la renuncia del presidente, quien ha dicho que no acortará en un solo día su mandato de cinco años, que deberá extenderse hasta 2007.

Las protestas comenzaron el 15 de septiembre con bloqueos de rutas del altiplano andino, encabezadas por el diputado indígena Felipe Quispe, contra un proyecto de exportación de gas, la principal riqueza natural de Bolivia, por un puerto de Chile. Bolivia perdió a manos de Chile todas sus costas marítimas a raíz de una guerra en 1879. Pero el movimiento creció en demanda de la salida de Sánchez de Lozada, un rico empresario minero de 73 años educado en EEUU que ya gobernó el país entre 1993 y 1997, por no ayudar a aliviar la pobreza e indigencia en que viven al menos 6 de cada 10 bolivianos.


Un gobierno atrincherado
El canciller Carlos Saavedra, jefe de su gabinete, declaró ayer tras reunirse con Sánchez de Lozada: "El gobierno está dispuesto a negociar todo, menos esa exigencia (de renuncia del mandatario), que es la ruptura a la institucionalidad democrática del país". Desde el fin de semana pasado, Sánchez de Lozada permanece atrincherado en su residencia, en el barrio de San Jorge, y sólo se ha pronunciado públicamente en dos ocasiones para solicitar el fin de las hostilidades y para denunciar un intento de golpe al régimen democrático.

Las marchas se extendieron por zonas urbanas y rurales de seis de los nueve departamentos del país, en adhesión a las protestas, que estallaron hace un mes en La Paz y la vecina El Alto, una empobrecida ciudad de 800.000 habitantes, en su gran mayoría campesinos migrantes del agro.

Los únicos departamentos en que no ocurrieron movilizaciones o bloqueos de carreteras o ciudades eran los de Tarija, fronterizo con Argentina, y Pando y Beni, ambos del noreste amazónico limítrofe con Brasil. "Bala o metralla, el pueblo no se calla" y "Goni, hazte gas", coreaban los manifestantes en La Paz tras propagarse la noticia sobre un operativo de represión militar contra mineros que se desplazaban por el altiplano andino rumbo a La Paz.

El ejército interceptó una caravana de centenares de mineros para impedir su llegada a la ciudad sede del gobierno, produciéndose choques en los que murieron dos obreros. La acción militar en el poblado de Patacamaya, a 110 kilómetros al sur de La Paz, desembocó en un violento enfrentamiento en el que los mineros provocaron explosiones lanzando cartuchos de dinamita. "Acabo de verificar en el hospital la muerte de dos mineros y heridas en otros seis, todos de bala", dijo a la emisora radial Panamericana el sacerdote Porfirio Ticona, párroco de Patacamaya.

El religioso dijo que centenares de mineros llegaron al poblado en camiones y volquetas, procedentes de Huanuni, la mina de estaño más importante de Bolivia, en el vecino departamento de Oruro, para sumarse a diversas marchas hacia La Paz.

El ministro de Salud, Javier Torres, declaró luego a la prensa que el gobierno no permitirá el desplazamiento de marchas que se acercan a La Paz con ánimos violentos.


"Mártires del gas"
Marchas de campesinos, mineros, cocaleros del vecino valle subtropical de los Yungas, obreros y habitantes de El Alto confluían ayer en La Paz para la nueva masiva jornada de protestas contra Sánchez de Lozada.

En El alto, escenario de violentos disturbios y dura represión en que cayeron al menos 40 de las 55 víctimas fatales, se realizaron ayer los entierros de muchos de los caídos, a quienes se les rindió tributo como "mártires del gas".

El líder cocalero y principal adversario político del presidente, Evo Morales, otro legislador indígena, se sumó a las protestas con otras demandas, como la derogación de una ley que abrió al capital privado la exploración y explotación de los hidrocarburos del país. Morales encabezó en el central departamento de Cochabamba otras concurridas protestas y marchas en su capital, además de múltiples bloqueos que cocaleros de la región del Chapare -su bastión político- levantaron sobre la militarizada y vital carretera que une al oriente y occidente del país.

Tanto en La Paz, Cochabamba y otras ciudades, incidentes de distinta gravedad enfrentaron a grupos civiles con fuerzas policiales, pero no se reportaron nuevas víctimas fatales, salvo heridos con balas de goma y asfixias por gases lacrimógenos. (Reuters y AFP)

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Los manifestantes se reunieron en La Paz.

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