Caos en Bolivia. El gobierno de Bush presionó por erradicar los cocales

La miopía sociopolítica de EEUU dañó a su aliado andino

Washington apoyó a las élites y despreció el mal humor de las clases populares, en especial la de los indios

Laura Bonilla

Washington. - Por tercera vez en menos de un año, EEUU llamó a evitar un golpe de Estado contra el presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada, un aliado al que no ha ayudado demasiado y que está cercado por protestas que han dejado 70 muertos en casi un mes. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y opositores a la exportación de gas natural a través de Chile en condiciones que consideran desventajosas, han paralizado el país y aislado a Sánchez de Lozada, un defensor del libre mercado que ya gobernó Bolivia entre 1993 y 1997.

"Repetimos nuestro llamado a los bolivianos a rechazar confrontaciones que puedan llevar a más violencia. El respeto por las garantías constitucionales y el Estado de Derecho son fundamentales para la democracia", dijo a la prensa Richard Boucher, portavoz del Departamento de Estado.

EEUU considera como "amigos" a Bolivia y al liberal Sánchez de Lozada -conocido en su propio país como "Gringo", por el acento estadounidense con el cual habla español- pese a que cree que no ha actuado con agresividad suficiente en la lucha antidroga, como recordó recientemente el zar antidrogas, John Walters.

La política estadounidense hacia La Paz incluso ha contribuido a la situación actual, dijeron analistas. "La política de EEUU de aislar al MAS (Movimiento al Socialismo) o tan siquiera a su líder Evo Morales ha incrementado esa división, esa brecha entre el gobierno y la gran mayoría de la población, que es indígena", dijo Miguel Díaz, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Morales, principal líder de los cocaleros y opuesto a las campañas de erradicación de los cultivos de coca que preconiza EEUU, perdió las presidenciales ante Sánchez de Lozada y comanda la oposición junto al dirigente de los campesinos aymaras, Felipe Quispe. "Sin atribuir intención, la línea dura de EEUU sobre la guerra contra las drogas y las recurrentes promesas" de ayuda económica si se erradica droga "ha dejado a la gente con un sabor amargo en la boca sobre las promesas estadounidenses, y eso ha contribuido a la falta de apoyo popular", señaló John Walsh, del Washington Office on Latin America (Wola).


Un salvavidas de plomo
Ser un "aliado" de Washington "ha dañado" a Sánchez de Lozada, pero si bien la política estadounidense "exacerbó la situación en Bolivia, esto iba a suceder de todos modos en algún momento", estimó Riordan Roett, de la Universidad Johns Hopkins, tras señalar que el embajador estadounidense en La Paz, Manuel Rocha, criticó duramente a Morales durante la campaña electoral. "Esto terminó por dar más votos a Morales", recordó Julia Sweig, del Council on Foreign Relations, un centro de análisis de Washington. "En general EEUU en la región andina tiende a no escuchar a aquellos que están fuera de los círculos gubernamentales y de la élite. No tenemos la oreja en la tierra, y por eso no podemos anticipar la resonancia política y social de políticas que damos por sentado son las correctas", admitió Sweig.

Según la analista, "la miopía de la política antidroga estadounidense y la ausencia de apoyo financiero de emergencia de EEUU a través de las instituciones multilaterales para que Bolivia se mantenga solvente es un problema crítico".

En el marco del Grupo Consultivo para Bolivia, reunido la semana pasada en París, Washington estaba dispuesto a ayudar bilateralmente a Bolivia, pero el plan se truncó a último momento por errores de cálculo en el déficit fiscal por parte de La Paz (situado primero en torno a 100 millones de dólares y luego en 200 millones), dijeron fuentes estadounidenses.

A fines de marzo pasado, Washington ya había expresado preocupación por un posible golpe de Estado en Bolivia. Pero la primera vez que alertó de un golpe de Estado en ese país fue a mediados de febrero, cuando protestas de policías contra el plan del gobierno de gravar sus salarios dejó 33 muertos. (AFP)

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