La Intendencia reclama mayor potestad política y económica

Autonomía municipal: un derecho que la provincia le niega a Rosario

Silvina Dezorzi / La Capital

Si hoy Rosario quisiera incluir entre sus concejales a vecinos que representaran a los distritos o desgravar de un impuesto a determinada actividad comercial no podría hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene autonomía municipal, una facultad que desde hace nueve años le confiere la Constitución nacional pero no la voluntad política de la provincia. En verdad, Santa Fe es uno de los únicos cinco territorios provinciales que no garantiza en su Carta Magna la autonomía municipal. La negación de ese derecho termina, como afirmó el intendente Hermes Binner en la edición de ayer de La Capital, por "aplastar" a Rosario bajo un sistema de gobernabilidad propio del siglo XIX. Si en la reciente campaña electoral la mayoría de los partidos se pronunció a favor de asegurarla, ¿podrán confiar los rosarinos en que durante los próximos cuatro años ese derecho constitucional finalmente se les reconozca?

Desde la reforma de 1994, el artículo 123 de la Constitución nacional literalmente "obliga" a las provincias a "asegurar" la autonomía a sus municipios. ¿Por qué no se ha cumplido, entonces, con esa exigencia aún en Santa Fe? ¿A quién perjudicaría que se reconociera ese derecho a los municipios?

Los entendidos abordan el tema desde una lectura geográfico-política y remiten a las viejas disputas del poder territorial. Palabras más o menos, apuntan a "una burocracia santafesina fosilizada" que defiende su rol "recaudador".

El profesor titular de la cátedra de Derecho Político en la Facultad de Derecho local, Oscar Blando, traduce la cuestión en términos de cómo opera "el poder central, en este caso el gobierno santafesino, que debería desprenderse de atribuciones y facultades, y aunque en el discurso declama una cosa en el ejercicio hace otra".

Para Blando, la concentración de ese poder central provoca un funcionamiento de tipo corporativo que incluso cruza transversalmente a los partidos políticos para terminar aglutinando voluntades en torno a un clásico santafesino: norte y sur.


Ventajas claras
El diputado nacional Héctor Cavallero da un ejemplo palmario de las ventajas que le daría la autonomía a la ciudad. "En vez de que los rosarinos paguen la patente automotor a la provincia y ésta, más tarde que nunca, mande el 90 por ciento de esa recaudación de vuelta, ¿no sería mejor que la cobrara el propio municipio y girara el 10 por ciento a la provincia, al revés de como se hace hoy?", se pregunta.

Lo mismo ocurriría con el impuesto inmobiliario rural y urbano, con la facultad para crear otros tributos, aumentarlos o reducirlos para determinada actividad, según aconsejara la realidad económica y permitiera el consenso de los actores sociales locales.

Pero el diputado afirma además que para que ese aspecto medular de la autonomía -el financiero- se haga realidad ni siquiera hace falta una Asamblea Constituyente, sino en lo inmediato apenas una ley. El paso siguiente, dice, sería reformar la Carta Magna para extender la libertad municipal al ámbito administrativo, económico y de la organización política.

En este último aspecto, el político, el constitucionalista rosarino Roberto Sukerman señala otras posibilidades. Con la autonomía municipal garantizada, Rosario podría elegir además su propia forma de gobierno: incluir, por ejemplo, representantes por distrito (y no sólo por partido político) en el Concejo, eliminar la ley de lemas para sus elecciones municipales y decidir si a nivel local mantiene la división de poderes entre Legislativo y Ejecutivo o asume un sistema mixto.

Podría también profundizar las formas de democracia más directas, dar carácter vinculante al presupuesto participativo, a las audiencias públicas y a la consulta popular, y hasta definir la revocabilidad de los mandatos. O concretar la "región metropolitana", agilizando la libre relación entre municipios para cuestiones tan medulares como el transporte o la disposición final de residuos.

En fin, la lista es tan amplia como permitan la imaginación y el consenso para llevarla a la práctica. "Los rosarinos determinarían toda la estructura de funcionamiento, sin injerencia de la provincia", sostiene Cavallero.


Otras realidades
Hoy por hoy, la única ciudad que goza de autonomía plena en el país es Buenos Aires. Pero si se trata de "grados de autonomía" muchas otras también la tienen, en gran medida porque del 86 al 94 diecinueve provincias reformaron sus constituciones. Las únicas que no lo hicieron fueron justamente Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán y Mendoza.

Algunos, como Cavallero, piensan que esas proclamas constitucionales son más formales que reales. Otros, como Sukerman, defienden el paraguas de la Constitución: para reclamar los derechos no hay mejor arma que consagrarlos, dice. "Lo esencial es recordar que siempre que se proclama la autonomía municipal, como con cualquier derecho, se abre la posibilidad de accionar para el reclamo desde una posición más fuerte", señala el constitucionalista.

Y, al igual que Blando, se inclina por sancionar la autonomía mediante una reforma constitucional -que además habilitaría otras decisiones- en lugar de apelar a leyes parciales o vías confrontativas, de hecho también legítimas.

Una es que, amparada por la Constitución nacional, Rosario accionara judicialmente contra la provincia por incumplimiento. La otra, que modificara su Carta Orgánica y sancionara la autonomía sin más. Con 151 años, ya es tiempo de que le respeten su mayoría de edad.

Con autonomía, Rosario sería distinto.