Una dura batalla legal contra los acreedores

Expertos sostienen que el gobierno tomó precauciones para evitar el embargo de sus activos en el exterior

Brian Winter

El embargo del avión presidencial o de los barcos de la Marina son algunos de los escenarios que podría enfrentar el país mientras intenta reestructurar su deuda, en un proceso que promete convertirse en una caótica batalla legal con los acreedores.

Enojados con la reciente oferta del gobierno de pagar apenas una cuarta parte de los 94.300 millones de deuda que el país dejó de pagar el año pasado, algunos acreedores están dejando de pensar en la negociación y acudir a la justicia de Estados Unidos y Europa para recuperar su dinero.

En Nueva York, un juez dio plazo a Argentina hasta el fin de octubre para avanzar en la reestructuración antes de que los acreedores puedan comenzar a confiscar los activos del país en el exterior. Otras causas están en una etapa preliminar o aún están siendo estudiadas.

Pero el embargo tampoco garantiza que los tenedores de deuda recuperen su dinero.

Algunos expertos legales señalan que la Argentina tiene pocos activos tangibles para embargar. Sostienen además que el gobierno tomó algunas precauciones en torno a las cuentas en bancos extranjeros y las transferencias para evitar su confiscación.

Pero el real poder de las demandas radica en su "poder de fastidio" hacia el gobierno, ante la perspectiva de una interminable pesadilla legal que podría extenderse durante meses o años.

"Mientras Argentina tenga demandas pendientes en su contra, será casi imposible volver a la normalidad. Mucho más que los efectos tangibles de la toma de activos, que eso es lo que implicaría un litigio", dijo Sebastián Rodrigo, abogado de Alfaro Abogados, un estudio jurídico argentino que asesora a acreedores, en su mayoría fondos mutuos estadounidenses.

Rodrigo y otros analistas dicen que las embajadas argentinas están casi fuera del alcance de la confiscación gracias a tratados internacionales.

Bienes privados -como embarques con exportaciones de soja o propiedades de argentinos en el extranjero- también estarían fuera de los límites de los jueces debido a que no pertenecen al gobierno.

El embargo de activos dentro del territorio argentino también es una apuesta riesgosa, ya que implicaría que la Justicia falle contra el gobierno a favor de acreedores extranjeros.

"A menos que quieran invadir con tropas, no hay nada efectivo que los acreedores puedan hacer para hacerse de activos argentinos", dijo Hernán Fardi, economista de la consultora local Maxinver.

"A menos que quieran invadir con tropas, no hay nada efectivo que los acreedores puedan hacer para hacerse de activos argentinos", dijo Hernán Fardi, economista de la consultora local Maxinver.


Factor cansancio
Una batalla legal sería una espada de doble filo, ya que los tenedores de bonos no cobrarían nada mientras sigan abiertos los juicios. El presidente Néstor Kirchner advirtió que cuanto más tiempo pase menos favorable será la reestructuración.

Sin embargo, los abogados que representan a los más de 500.000 acreedores de Argentina insisten en que no descartan ninguna opción.

"Sólo podemos llevar a cabo acciones judiciales sobre las propiedades que son usadas por el gobierno con fines comerciales", dijo Joel Chernov, socio de la firma basada en Nueva York Dreier LLP, que representa al 40 por ciento de los tenedores de bonos, entre ellos la firma de Florida DCA Grantor Trust, que inició acciones legales contra el país.

Aunque las privatizaciones de los 90 derivaron en la privatización de las principales compañías estatales del tipo de las que tienen activos en el exterior, tales como petroleras, aerolíneas y correo, Chernov dijo: "Estamos seguros de que vamos a encontrar activos para satisfacer a nuestros clientes".

Algunos analistas opinan que un fallo positivo para los acreedores sería un fin en sí mismo. "Lo que se gana en realidad con un juicio en términos de activos son migajas. La ventaja es que una victoria puede evitar ser obligado a participar en una reestructuración, y por supuesto eso significa más dinero", dijo Guillermo Mondino, economista de la consultora LatinSource y ex asesor del gobierno argentino durante 2001.

Por otra parte, el gobierno no estaría en condiciones de reunir a suficientes tenedores para cerrar un acuerdo si un gran número está esperando una salida judicial.

Mondino sostiene que desde la cesación de pagos en enero de 2002, el gobierno está ahora tercerizando algunas transferencias de dinero en el exterior para pagos de deuda a través de una entidad privada argentina, para protegerse de posibles embargos.

Pero algunos argumentan sobre los riesgos de jugar al gato y al ratón mientras se intenta cerrar un acuerdo con acreedores para reinsertarse en los mercados internacionales que le permita un crecimiento sostenido en el largo plazo.

El avión presidencial puede incautarse afuera.