Acorralados. El sociólogo estimó que el proceso sería largo y perturbador

Rosendo Fraga: "La nulidad de las leyes implica a 6.000 militares"

El sociólogo desestimó posibles amotinamientos y calificó de "oportunista" el accionar de Kirchner

Walter Palena / La Capital

La ofensiva del gobierno para anular las leyes de obediencia debida y punto final, enancado a los pedidos de extradición de ex represores que solicitó el magistrado español Baltasar Garzón a la Justicia argentina, reabrió un debate que, salvo para los organismos de derechos humanos, se creía cerrado. Intentando hacer equilibrio entre los extremos, el sociólogo y experto en temas militares Rosendo Fraga opinó que el Congreso no tiene atribuciones para derogar ambas normas y que, en caso de hacerlo, "se entra en una inseguridad jurídica total".

En un extenso reportaje que concedió a La Capital, Fraga estimó que unos 1.300 militares y policías serían procesados automáticamente si se declara nula la obediencia debida, pero esa cifra puede estirarse hasta 6.000 en caso de que se deroguen ambas leyes. El sociólogo admitió que existe malestar en las Fuerzas Armadas, pero no cree que esta situación desemboque nuevamente en asonadas militares, como las que encabezaron los carapintadas.

"La motivación de Kirchner es una combinación de convicción y oportunismo", afirmó el titular del Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, y suelta un dato que reafirma, según él, la actitud oportunista del presidente: "Durante 12 años fue gobernador de la provincia con más militares por habitantes del país y nunca planteó el tema públicamente: siempre habló de integración entre civiles y militares".

-Más allá de que prosperen o no los pedidos de extradición, ¿a cuántos militares alcanza la probable derogación de las leyes de obediencia debida y punto final?

-La nulidad de la ley de obediencia debida implica el procesamiento automático de 1.300 militares y policías. La reapertura de estas causas incrementará sensiblemente dicha cantidad. A su vez, la nulidad de la ley de punto final posibilita que se pueden abrir nuevas causas y ello sumará numerosos procesados más. Entre ambas situaciones, puede llegarse a un número de 5.000 o 6.000, pero esto será un proceso largo, como le sucedió a Alfonsín. Cabe recordar que en su gobierno, el proceso llevó más de tres años, entre que se puso en marcha, se desarrolló y se interrumpió por los motines militares.

-El gobierno ahora fogonea la nulidad de esas leyes. ¿Cuál es la instancia que vale: la del Parlamento o la de la Corte Suprema?

-En mi opinión, no cabe duda de que el Congreso no tiene atribuciones para declarar nula una ley. La puede derogar, pero no puede anular sus efectos hacia el pasado, ni tampoco violar el principio de aplicación de la ley más benigna. Si el Congreso declara nulas las leyes se entra en una inseguridad jurídica total. De esta forma, si el Ejecutivo quiere impedir las extradiciones ahora, no le queda otra alternativa que promover un fallo de la Corte declarando la inconstitucionalidad de las leyes, pero no podrá lograrlo en los próximos meses, dado el conflicto en el máximo tribunal.

-¿Puede haber asonadas similares a las de fines de los 80 y principio de los 90?

-En las Fuerzas Armadas hay preocupación por los efectos y cierta deliberación, pero no hay posibilidad de que en los próximos meses tengan lugar crisis como las que sufrió Alfonsín en la segunda parte de su mandato. Existe incertidumbre porque la cantidad de militares procesados y detenidos, si se declaran nulas las leyes, se contarán por miles. Además, los actuales generales y coroneles eran los oficiales subalternos al momento de la llamada "guerra sucia" y, en consecuencia, pueden verse involucrados en las acciones judiciales que emergerán.

-¿Cómo percibe el clima entre los militares?

-No veo posibilidad de que un caso de extradición puede generar una crisis como la de Semana Santa. En cambio, el procesamiento de militares en actividad que generará la nulidad o inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final sí puede provocarlas. Cabe señalar que uno de cada cuatro miembros de las Fuerzas Armadas es hijo de un militar y que prácticamente la mitad del personal tiene vínculos familiares con otros militares. Esto establece una relación muy fuerte dentro de la institución, que genera efectos que van más allá de las generaciones. Del grado de teniente coronel hacia abajo, se trata de personal militar que no estuvo en actividad durante la "guerra sucia", pero igualmente gran parte de ellos piensa que el tema debe cerrarse. Es más, el primer oficial sancionado por criticar públicamente la política de Kirchner de reapertura del tema derechos humanos fue el capitán Cornejo Castellanos, quien se recibió en 1980, sin haber estado en actividad durante los años setenta. El personal que no estuvo en actividad en los 70 puede dividirse en dos actitudes: los indiferentes, que no lo consideran problema propio, aunque reconocen que la cuestión afecta la imagen institucional; y los que piensan que reabrir el tema perjudica a las Fuerzas Armadas.

-Ciertos sectores de la derecha piensan que esta ofensiva forma parte de una venganza. ¿Lo ve así?

-La motivación de Kirchner en la reapertura del tema es una combinación de convicción y oportunismo. Durante 12 años fue gobernador de la provincia con más militares por habitante del país y nunca planteó el tema públicamente, sino que, todo lo contrario, siempre habló de integración entre civiles y militares. Es desde la campaña electoral, y más concretamente desde que fue electo, que Kirchner asumió abiertamente el discurso de permitir las extradiciones y reclamar la nulidad o inconstitucionalidad de las leyes. El problema que enfrenta hoy es que precipitó las extradiciones y dos de cada tres argentinos las rechazan, optando por el juzgamiento dentro del país. Pero hacerlo a través de la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final implica multiplicar el problema sin que exista un mecanismo cierto para lograrlo.

"Se entraría en una inseguridad jurídica total".