Acorralados. Avanza la idea de no extraditar a los acusados

La mayoría de los diputados quiere juzgar en el país a los represores

El peronista Ricardo Falú aseguró que existe un amplio consenso para que la Justicia argentina retome el proceso

El diputado nacional por Tucumán Ricardo Falú (PJ) sostuvo ayer que en el Congreso "hay un consenso político generalizado para que los miembros de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad" acusados de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura "sean juzgados en la Argentina y, excepcionalmente, mediante la extradición".

El legislador peronista manifestó que "en su momento yo también estuve en desacuerdo" con las leyes de punto final y obediencia debida, cuya nulidad podría ser declarada próximamente por el Parlamento.

Falú consideró a las llamadas leyes del perdón como "modos anómalos de cancelación de procesos que deben terminar con un juicio por el sobreseimiento, la absolución o la condena del imputado".

Admitió que "la discusión ya volvió a la sociedad y no podemos tapar el sol con las manos", tras las detenciones de 45 militares y un civil pedidas por el juez español Baltasar Garzón a su par argentino Rodolfo Canicoba Corral.

"Estamos con el problema, el Poder Ejecutivo hizo lo suyo anulando el decreto de (Fernando) De la Rúa que impedía las extradiciones, la Corte (Suprema) tiene en sus manos la posibilidad de declarar la constitucionalidad o no, y de nuestro lado se está discutiendo sobre un proyecto que se ha presentado para pedir la anulación", señaló.

En tal sentido, indicó que "en principio, nuestra posición política es que habría consenso generalizado para que los miembros de Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad sean juzgados en la Argentina, excepcionalmente mediante la extradición".

"Para poder llevar a la realidad estos postulados que acabo de enunciar uno de los caminos es anular las leyes, pero también hay que tener en cuenta problemas técnico jurídicos, hay que actuar con la mayor perfección técnica posible para evitar un caos jurídico", expresó Falú.


Pedido de competencia
Por otra parte, el juez federal de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, solicitará a Canicoba Corral que se inhiba en entender en la causa de extradición de tres ex militares acusados de violación a los derechos humanos durante la dictadura con residencia en esa ciudad.

Los involucrados son los generales retirados Luciano Benjamín Menéndez, Fernando Santiago y José Antonio Vaquero, quienes forman parte de la lista de 45 militares y un civil que hizo detener Canicoba Corral a partir de los pedidos de extradición formulados por Baltasar Garzón.

Según fuentes judiciales, Sánchez Freytes dará curso al dictamen elevado por el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano para que el juicio por la extradición de los militares se realice en el ámbito de la Justicia federal de Córdoba.