Acorralados. Israel, Francia y Alemania reclaman con fuerza las extradiciones

Kirchner buscará la nulidad de la obediencia debida y el punto final

El proyecto legislativo del oficialismo permitirá que los ex represores sean juzgados por tribunales locales

El oficialismo impulsará en el Congreso la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final para que los juicios contra los acusados por violaciones a los derechos humanos se sustancien en la Argentina, según revelaron ayer fuentes de la Casa Rosada. El proyecto de nulidad comenzó a ser elaborado ayer por un equipo de especialistas.

El objetivo es permitir la reapertura de los juicios en Argentina y evitar, de esa forma, que prosperen los pedidos de extradición solicitados en el extranjero. La decisión final se tomó durante la gira del presidente Néstor Kirchner por Estados Unidos.

En el gabinete las posturas se presentaron divididas. El canciller Rafael Bielsa se mostró a favor de promover un proyecto que permitiera la reapertura, incluso, de los juicios contra los militares con condenas.

En cambio, la senadora Cristina Fernández de Kirchner y el jefe de la Side, Sergio Acevedo, propusieron una anulación acotada, que incluyera sólo al conjunto de procesos interrumpidos con las leyes de obediencia debida y punto final. El presidente terminó por inclinarse por la segunda opción.

Según el objetivo jurídico perseguido por el oficialismo, la nulidad dejaría fuera del beneficio a los condenados y a los acusados de delitos prescriptos.

De todas formas, según reconocieron las propias fuentes oficialistas, el alcance final de la anulación será materia de un intrincado debate legal, ya que se trata de una situación sin precedentes.

Para encontrar un antecedente es necesario remontarse al gobierno de Raúl Alfonsín, cuando el Congreso aprobó la anulación de las leyes de autoamnistía dictadas durante la dictadura militar, bajo la presidencia de Reynaldo Bignone.

La comparación, sin embargo, es difícilmente equiparable porque se trataba de leyes de un gobierno de facto.

Según las fuentes gubernamentales, Kirchner siempre tuvo la intención de resolver el problema de las violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Pero los pedidos del juez español Baltasar Garzón y la respuesta del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que ordenó la detención de 45 militares sobre quienes pesan pedidos de extradición, precipitaron los tiempos.

La disyuntiva creada por la decisión de Canicoba Corral forzó la promulgación del decreto que anuló el freno a las extradiciones dispuesto por el gobierno de Fernando de la Rúa.

Una vez cumplida la derogación del decreto, el gobierno acordó con los principales referentes legislativos del oficialismo elaborar un proyecto de nulidad. La iniciativa será presentado por el bloque de diputados justicialistas.

Según la estrategia diseñada, el gobierno tomará públicamente distancia y se referirá a la nulidad como una decisión parlamentaria, a pesar de tratarse de un pedido directo del Poder Ejecutivo.

El primer paso que dará el oficialismo en la cámara baja es intentar convencer a la diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, para que acepte postergar la sesión especial que pidió para el 12 de agosto, donde iba a discutirse la anulación. El justicialismo necesita tiempo para dar forma legal a la propuesta y encolumnar a sus diputados detrás de la jugada.


Más reclamos internacionales
En ese contexto, las autoridades de Israel, Alemania y Francia resolvieron requerir a la Argentina la extradición de algunos de los militares acusados de crímenes de lesa humanidad cometidos aquí en la última dictadura, mientras el ex general Antonio Bussi -detenido por pedido de la Justicia española- reclamó ayer su libertad ante los Tribunales federales locales.

Bussi y otros seis militares argentinos detenidos por orden de Canicoba Corral pidieron ayer al magistrado que disponga su "inmediata libertad", dijeron fuentes judiciales.

Canicoba ordenó el jueves último el arresto preventivo de un civil y 45 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que afrontan cargos en España por violaciones a los derechos humanos perpetradas en la última dictadura militar argentina.

Hasta anoche, 41 de los 46 acusados ya se encontraban tras las rejas por orden de Canicoba, que accedió a un requerimiento de asistencia jurídica de su colega Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional de Madrid. Tres militares todavía se encuentran prófugos.

Canicoba aún tiene tres militares profugos.