El Estado debe reintegrar el 13% descontado en efectivo

La Cámara de la Seguridad Social ordenó al Estado nacional que los importes correspondientes a los descuentos salariales del 13 por ciento a estatales y jubilados sean devueltos en dinero en efectivo y no en bonos.
Así lo informaron fuentes judiciales, que precisaron que los camaristas Luis Herrero y Juan José Etala, con la disidencia de Emilio Fernández, ordenaron la devolución en dinero en efectivo de los montos descontados desde mediados de 2001. El fallo abarca a todos quienes sufrieron descuentos, pues se produjo en una causa promovida por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
El lapso durante el cual los estatales y jubilados sufrieron el recorte va desde julio de 2001 hasta enero de 2003, cuando el Estado volvió a pagar los haberes sin el descuento. Los camaristas consideraron "inaplicables por inconstitucionales las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del artículo primero del decreto 1819/02", que después de que la Corte decretara inconstitucional la poda, estableció que las diferencias se pagarían en bonos.
"En mérito al cambio sustancial operado en las variables de la economía y al envilecimiento de los sueldos, jubilaciones y pensiones que el mismo trajo aparejado deviene inaplicable en la presente causa el segundo párrafo del artículo primero del decreto 1819/02", dijo en su voto el juez Herrero.
Pero el magistrado no se detuvo allí, e incluyó en su decisión una durísima crítica a los manejos administrativos del Estado: "Hemos llegado a la situación de virtual quiebra del Estado porque los gobiernos de las últimas décadas ejercieron desorbitadamente el poder saliéndose de los carriles que fija la Constitución".
A modo de mea culpa, se preguntó, en ese contexto si la Argentina "habría llegado a la situación actual si el Poder Judicial hubiera tomado una actitud principista y se hubiera negado a apuntalar ese desmesurado avance del poder estatal".
"¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si la Corte Suprema de Justicia se hubiera negado a convalidar las distintas leyes de emergencia económica?", insistió, Etala compartió los fundamentos de Herrero, pero el tercer integrante de la Sala II de la Cámara (Fernández) planteó una vieja cuestión en debate en la Justicia, cual es la "legitimación activa" del ombudsman nacional para actuar en representación de todos los damnificados.
Por su parte el ombudsman de la Tercera Edad porteño, Eugenio Semino, consideró que la devolución en efectivo del recorte salarial del 13 por ciento a jubilados y empleados estatales debe efectuarse "sin más postergaciones".
"Esta nueva decisión de la justicia ratifica nuestro reclamo incansable para que jubilados y pensionados cobren en pesos lo que les robaron desde julio de 2001 hasta enero de 2003".
El ombudsman de la Tercera Edad recordó además que "hay una sentencia firme de la justicia porteña que ordena pagar en efectivo y que, por lo tanto, debe ser ejecutada sin más postergaciones".
"En la Defensoría del Pueblo hemos canalizado la preocupación de miles de jubilados que rechazan el pago en bonos que se está practicando; por eso, este fallo judicial ratifica que los jubilados deben recibir pesos", dijo Semino.