Reimpulso a las causas en Diputados

Fayt volvió a quedar contra las cuerdas

La comisión de Juicio Político definirá hoy un nuevo presidente y avanzará en el análisis de la acusación

La comisión de Juicio Político de la Cámara baja dará hoy el puntapié inicial para reimpulsar el proceso de juicio político al juez Carlos Fayt, cuando sus integrantes se reúnan para definir un nuevo presidente, y luego avanzar en el análisis de la acusación contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia. En contrapartida, fuentes judiciales allegadas al cuestionado funcionario del alto tribunal aseguraron que "no renunciará a su cargo, aunque siga avanzando el pedido de juicio político en el Congreso".
"Va a dar la pelea en el Congreso, porque está convencido de que jurídicamente no tienen argumento para suspenderlo o destituirlo", dijeron las fuentes.
De esa manera, en la reunión de hoy, convocada para las 11 en el tercer piso del edificio anexo de Diputados, los legisladores de la comisión elegirán como nuevo presidente, en reemplazo del santacruceño Sergio Acevedo, ahora titular de la Side, al tucumano Ricardo Falú, miembro del Grupo Talcahuano.
Fuentes parlamentarias detallaron que el oficialismo buscará darle nuevo impulso al análisis de la acusación por mal desempeño que pesa sobre Fayt, cuyo debate había quedado estancado en esa comisión en los últimos meses.
De este modo, volverá a instalarse en el Congreso la necesidad de renovar paulatinamente la Corte Suprema de Justicia, luego del frustrado intento encabezado el año pasado por el santacruceño Acevedo, con el fuerte respaldo de la UCR, el ARI y el socialismo y de los justicialistas del Grupo Talcahuano.
En esa oportunidad, la acusación incluida en el dictamen mayoritario de la comisión de Juicio Político había aconsejado la la destitución de los nueve ministros que por entonces integraban el Alto Tribunal, pero ésta fracasó en el recinto.
Por ese motivo, dado que no prosperó la acusación en la Cámara baja, los pedidos de juicio político no pasaron al Senado que, tal como lo establece la Constitución nacional, es en definitiva el que resuelve si existen razones suficientes para proceder a la destitución de los funcionarios acusados.
Al ministro se lo acusa de mal desempeño en sus funciones por no haberse excusado de pronunciarse en el marco de causas contra el llamado corralito financiero, a pesar de poseer en ese momento un plazo fijo atrapado en el Banco Nación, de 200 mil dólares, que luego canjeó por los títulos Boden.

Fayt proclamó improcedencia a los cargos en su contra.