Victoria. - El Ejecutivo vetó dos ordenanzas aprobadas por el Concejo había aprobado por unanimidad para crear, por un lado, un registro de pescadores, y además para colocar medidores de agua en entidades públicas y privadas. El autor de los proyectos, Oscar Franceschelli, manifestó su disconformidad, ya que el veto del Registro Victoriense de Pescadores (Revipe) "deja a todos los pescadores de la ciudad indefensos ante los ataques comerciales que están sufriendo desde ciudades vecinas que vienen a pescar en la zona del delta" victoriense.
Franceschelli señaló que su proyecto apuntaba a la protección de 400 o 500 familias de pescadores "que se ven invadidas por barcos que traen personal muchas veces en negro, los desembarcan en el delta de Victoria y se ponen a pescar en forma indiscriminada, con 20 o 30 canoas". La norma establecía una tasa municipal de un peso mensual para los canoeros y 10 pesos para los que realizan esta actividad en forma industrializada, además de multas para aquellos que sean encontrados pescando y no estén registrados.
El decreto que sanciona el veto plantea entre otros puntos que la jurisdicción sobre las aguas no pertenece al municipio sino al gobierno de Entre Ríos a través de la ley de pesca provincial Nº 4.892. El concejal reconoció que es así pero indicó que "sí tiene injerencia sobre las industrias que están circulando sobre el agua, porque podría cobrar una tasa sobre el traslado de alimentos. Y además de cobrar esta tasa, también estaría protegiendo la industria de pesca local".
Medidores de agua
El edil también se refirió a su otro proyecto, de colocar medidores de agua en instituciones públicas, privadas, civiles, municipales, provinciales y nacionales para controlar y evitar pérdidas. "Un baño o una canilla rota de un club o de una escuela, que sabemos que hay, consumen hasta 30.000 litros diarios de agua si está ubicado en un lugar bajo de la ciudad, donde la presión aumenta", reveló.
El veto se fundamenta en que aplicar el proyecto generaría un nuevo régimen para el servicio de agua potable para instituciones y en que "desaparecería la gratuidad del servicio desvirtuando la posibilidad de garantizar a personas sin recursos el acceso de agua potabilizada". Para Franceschelli, esta postura del Ejecutivo es inexplicable.
La Ciudad
