"Yo soy inocente". Así, con palabras casi calcadas, seis empleados de la Administración Provincial de Impuestos (API) y un gestor detenidos el martes pasado negaron ayer formar parte de una organización que supuestamente cometía fraudes contra el organismo. Los siete imputados tuvieron ante el juez que los investiga exactamente la misma actitud: aceptaron declarar sólo para excluirse de las maniobras delictivas y luego se negaron a responder las preguntas del magistrado. A la misma hora en que eso ocurría en los Tribunales, los empleados de la delegación local de la API hacían una insólita demostración de solidaridad con ellos: dejaron de atender al público para mostrar su desacuerdo con los arrestos y las acusaciones.
El desfile de detenidos por el despacho del juez de Instrucción Carlos Alberto Triglia comenzó temprano. Primero se enteraron de qué los acusan y después hicieron su lacónico descargo. Pero lo hicieron de a uno y acompañados por sus abogados. Cuando la ronda de declaraciones concluyó, los defensores pidieron formalmente la excarcelación. Todos la consiguieron porque ninguno de ellos tiene antecedentes penales.
Aunque están formalmente imputados de fraude, los siete recuperaron su libertad hacia el final de la tarde. Se trata de funcionarios y empleados de las delegaciones de la API en Rosario (son cuatro, tres de ellas mujeres) y San Lorenzo, incluida la jefa de esta oficina, y un gestor de Venado Tuerto.
Una investigación puntillosa
Todos cayeron bajo sospecha luego de una investigación iniciada por Triglia a fines del año pasado. Desde entonces las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía hicieron tareas de inteligencia que incluyeron horas y horas de escuchas telefónicas y otras pesquisas. Finalmente identificaron a los siete presuntos responsables del fraude y los detuvieron el martes, luego de allanar oficinas del organismo recaudador y también sus domicilios particulares.
Las maniobras que se les atribuyen tendrían una infinidad de variantes, aunque pueden sintetizarse en dos: \* Daban de baja del sistema informático de la API los apremios por cobros judiciales de impuestos adeudados contra contribuyentes morosos, a cambio de una suma de dinero.
* Favorecían a contribuyentes que pedían descuentos especiales al impuesto inmobiliario con un porcentaje mayor al otorgado por el organismo, perjudicando así al Estado provincial.
En la imputación que les hizo ayer el juez Triglia se afirma que participaban de "una organización delictiva" dedicada a realizar estas operaciones, y que para hacerlo aprovecharon su condición de empleados del organismo recaudador de impuestos de la provincia. También se los acusa de enriquecerse ilícitamente con las maniobras irregulares.
Según los investigadores judiciales y policiales que participan de las pesquisas, de este ardid también participaban personas ajenas al organismo. Se trata de gestores, que supuestamente oficiaban de nexo entre los contribuyentes morosos que buscaban la manera de eludir el pago de sus impuestos atrasados y los empleados infieles.
Pero los acusados niegan las imputaciones y sus allegados, entre los que hay compañeros de los detenidos en la API, esbozan la hipótesis de una oscura trama supuestamente destinada a perjudicarlos. La defensa a rajatabla de los sospechosos llegó a tal punto que los empleados del organismo hicieron un paro sorpresivo ayer como expresión de rechazo a los arrestos practicados el martes. Sin brindar explicaciones a la gente que concurrió a hacer sus trámites, directamente dejaron de atender al público y tampoco quisieron recibir a los periodistas. Los investigadores recibieron el dato con ironía: "¿No será que paran los que tienen miedo de quedar pegados?", dijo a este diario una fuente cercana a los sabuesos.
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Detrás de los "blanqueados"
Los detectives, en tanto, están abocados de lleno ahora a identificar a los contribuyentes morosos que supuestamente pagaron a los acusados para blanquear sus deudas con el fisco. Para eso esperan los resultados de una auditoría que realizarán próximamente en los archivos del organismo. "Creemos que no será una tarea difícil y de hecho ya tenemos algunos nombres", confió ayer un vocero de las pesquisas.
En la mayoría de los casos se trataría de dueños de propiedades con abultadas deudas del impuesto inmobiliario. Tampoco se descarta la posibilidad de que aparezcan más empleados de la API involucrados, aunque en principio en las escuchas telefónicas y las tareas de inteligencia realizadas hasta ahora sólo aparecen los que ya están imputados.
La Ciudad
