El ministro de Economía, Roberto Lavagna, que en un año de gestión logró conjurar las amenazas de hiperinflación y aplacar la inestabilidad cambiaria gracias a un acuerdo de corto plazo con los organismos multilaterales, tendrá ahora que afrontar el entuerto que implica la renegociación de la deuda externa y de los contratos de servicios públicos, cuando asuma como miembro del gabinete de Néstor Kirchner.
Lavagna, como ministro de un gobierno de transición, postergó definiciones sobre cuestiones complejas como la reestructuración de la deuda pública con los acreedores privados que asciende a 65 mil millones de dólares, la reformulación del sistema financiero y la renegociación de los contratos de servicios públicos, todos requerimientos del Fondo Monetario.
Pero ahora, el titular del Palacio de Hacienda enfrentará el desafió sin precedentes en la historia política argentina de convertirse en el primer ministro de Economía que se sucede a si mismo durante un recambio presidencial. Sólo Domingo Cavallo había sido confirmado como ministro para el segundo mandato de Carlos Menem, con la única diferencia de que Lavagna será ministro de dos presidentes distintos.
Confirmado en reiteradas oportunidades en su cargo por el candidato por el Frente para la Victoria y considerado como uno de los principales instrumentos electorales del santacruceño, ahora Lavagna deberá ponerle el pecho a buena parte de las cuestiones que postergó durante su participación en el gobierno de transición que encabeza el presidente Eduardo Duhalde.
La agenda incluye en primer plano la negociación de un acuerdo de largo plazo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la que Lavagna llega con el espaldarazo que implica el reconocimiento de la cúpula del organismo multilateral, que públicamente destacó que el titular del Palacio de Hacienda consiguió enderezar la marcha de la economía eludiendo la hiperinflación.
Sin embargo, la marcha hacia un nuevo acuerdo con el FMI no será un camino sembrado de flores, ya que Economía tiene por delante la nueva postergación de la ejecuciones hipotecarias (rechazada por el organismo) y la reformulación del sistema de coparticipación federal de impuestos, además de un paquete de leyes impositivas pendiente de aprobación en el Congreso, como los gravámenes a los combustibles.
El jefe de economistas del BID Guillermo Calvo ya anticipó anteayer en Rosario que probablemente se firme un nuevo acuerdo por otros seis meses y recién después otro de largo plazo. La lectura del hombre que predijo el Tequila advierte la debilidad política con la que nace el nuevo gobierno y dado el proceso electoral que aún resta a nivel legislativo y provincial, difícilmente exista consenso para encarar los ajustes que exigen los organismos.
A poco más de un mes de asumir, el nuevo gobierno tendrá que sentarse a la mesa de las negociaciones en Washington, y en septiembre deberá afrontar un vencimiento por 2.300 millones de dólares con los organismos multilaterales. Esa negociación tendrá como base las metas cuantitativas acordadas con el organismo esta semana, que prevén un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), un superávit fiscal primario del 2,5% del producto y una inflación de entre el 15 y el 20%.
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La Ciudad
