Entre las negativas consecuencias que ocasionó la renuncia del presidente De la Rúa, está que el nuevo mandatario, que surja de las elecciones del próximo 18 de mayo, deberá encarar un trabajo que ya había sido hecho; esto es, la reestructuración de la deuda externa.
Haciendo un breve relato de tiempos cercanos, hacia mediados de 2001 y habiendo sido ya incorporado Domingo Cavallo al gobierno, la situación derivada de una economía que involucionaba desde agosto de 1998 se manifestaba plenamente en los déficits fiscales y en la dificultad de atender los pagos externos por parte del sector público dado el gran tamaño de su deuda (aproximadamente 120.000 millones de dólares para esa época). Al sector privado la recesión también lo afectaba en su capacidad de pago externo, pero los montos hacían más administrable el problema.
A fines de noviembre de 2001, y luego de más de tres meses de trabajo, el Ministerio de Economía ya había logrado la reestructuración parcial de la deuda pública externa por 50 mil millones de dólares (Fase I del canje y correspondiente a tenedores internos de los bonos) y se esperaba que por febrero-marzo de 2002 se concretara la correspondiente a la Fase II (tenedores externos de los bonos) por aproximadamente otros 50 mil millones de dólares.
Si bien la reestructuración cerrada con los tenedores internos implicaba menores tasas de interés a las que se tenía en vigencia por ese entonces, colocándolas al nivel del 7% anual, y mejora en el perfil temporal de pago de los compromisos, la correspondiente a la Fase II (tenedores externos) se esperaba que fuese aún mucho más ventajosa para el país, fundado esto en el éxito tenido en la Fase I, con condiciones de tasa de interés a la mitad de la anterior.
Pese a lo anterior, desde algunos ámbitos político-legislativos vieron con sospecha la reestructuración de la deuda, porque entendían que las comisiones de los bancos eran abultadas y las tasas no eran del nivel requerido para hacer sustentables los pagos en el largo plazo. Estos sectores, al no probar los hechos de corrupción ante la Justicia, contribuyeron a desprestigiar un mecanismo idóneo para reorganizar los pagos externos del país.
El corralito de Cavallo, cuyo objetivo fue parar la corrida bancaria en el momento en que comenzaba la Fase II del canje -para evitar la caída de los bancos, la quiebra del sistema productivo y la declaración de default de la deuda argentina-, terminó siendo el detonante de la ira ciudadana contra un sistema deficiente de gestión de gobierno, con la consecuencia política de la renuncia del jefe de Estado.
La declaración de default de Rodríguez Saá, en su breve semana de gobierno trajo costosas consecuencias para el país, que vale la pena recordar. Durante más de 13 meses nos fue imposible cerrar un acuerdo mínimo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), necesario para que el mundo avanzado empezara a reconstruir las relaciones financieras con Argentina.
Esto no sólo lo necesitaba el Estado, sino el propio sector privado que, y pese a la brutal devaluación promedio acaecida durante 2002, pudo aprovechar dicho instrumento en muy bajo grado para expandir las exportaciones. En rigor, las exportaciones no crecieron en 2002, y esto como una consecuencia de la falta de crédito para los agentes económicos del país.
Actualmente tenemos en vigencia un mini acuerdo con el FMI, desde febrero, y debemos cumplimentar un compromiso, que es comenzar a hacer propuestas de pago a nuestros acreedores por títulos de deuda pública externa, y tratar que ellos mayoritariamente aprueben la oferta. En esa dura y larga tarea está el secretario de Financiamiento de la Nación, Guillermo Nielsen, quien empezó un road-show por el mundo (poner la cara en distintos escenarios) para interiorizar a los tenedores de bonos de lo que deberían considerar como un buen pago por parte de nuestro país.
Optimismo
Si bien no podrá ser logrado por este gobierno, el ambiente creado en el Ministerio de Economía es que las quitas serían del orden del 60% o más y a tasas del 2% anual. Esto es un verdadero jubileo y podríamos pensar que sería sumamente positivo para el país, y que afortunadamente superaría la propuesta de canje elaborada por Cavallo.
Para fundar optimismo a nivel internacional existen algunas opiniones favorables a quitas relevantes de la deuda. El destacado economista Allan Meltzer entiende que el FMI podría apoyar a Argentina con 10 mil millones de dólares, y con una asignación específica para recomprar 40 mil millones de dólares de la deuda externa. Reducciones como ésta sustentarían la posibilidad de cumplir los compromisos redefinidos (reducidos y reestructurados).
En línea con Meltzer, es oportuno e importante que el país que incumple sus compromisos muestre vocación de pago, aunque éste no sea el que corresponde a la deuda. La quita de deuda sería entonces un mecanismo de ajuste para posibilitar nuevamente un buen trabajo del mercado de capitales, donde los stocks de deuda rinden acorde a una tasa de interés de mercado.
Analizando los hechos en concreto, Nielsen tuvo una exposición en Japón, donde los tenedores de bonos no entendían por qué Argentina no pagaba como correspondía, por qué no usaba todos sus recursos para honrar su deuda. Difícilmente estos tenedores -o sus herederos- vuelvan a comprar bonos argentinos, dado que no pagando una parte importante de su deuda es como Argentina propone resolver su problema de pagos.
Cavallo se opuso terminantemente a la tesis de Meltzer, porque entendía, como los japoneses, que las deudas deben ser honrados para que funcione adecuadamente un sistema capitalista, ya que "si hoy accedo a la quita de deuda, para hacer factible los pagos, qué me asegura que a futuro no vuelvas a solicitar otra quita de deuda".
Aún en la posición de éxito pleno en materia de quita y reducción de tasa de interés, un ejercicio interesante para realizar es investigar si compensa toda la inseguridad jurídica, caída de producto y acrecentamiento de la pobreza e indigencia ocasionado por la salida de la convertibilidad.
(*) Economistas visitantes del Ipef.
La Ciudad
