Caja provincial: una causa penal podría terminar en vía muerta

El escándalo previsional desatado en el 99 prescribiría por causas formales. 700 millones de defraudación

Una resolución de la sala IV de la Cámara de Apelaciones de la capital santafesina, que declaró nula la requisitoria de elevación a juicio realizada oportunamente por el fiscal José Luis Paz, podría dejar en vía muerta la causa en la que se investigan presuntas irregularidades cometidas en la Caja de Jubilaciones de la provincia.
Según trascendió ayer en los tribunales de la capital santafesina, el fallo adoptado en votación dividida por el tribunal de alzada podría derivar ahora en la prescripción de la causa penal que viene llevando adelante desde hace casi tres años -la investigación se inició en 1999- el juez correccional de la séptima nominación de la capital santafesina Raúl Candioti, y en el cual se encuentra imputado el ex director del organismo previsional, Edgar Lucca, entre otros directivos y empleados de la Caja.
Entre los delitos investigados por el juez Candioti y que prescribirían a partir del fallo de la Cámara que integran los vocales Elbio Franchini, Daniel Rucci y Roberto Carrera, se cuentan las figuras penales de malversación de caudales públicos, omisiones funcionales reiteradas, abuso de autoridad y exceso funcional.
Todo surgió a partir de la investigación de numerosas irregularidades detectadas en la Caja de Jubilaciones mediante el otorgamiento de jubilaciones por invalidez indebidas, beneficios incompatibles, percibidos simultáneamente por más de una persona o por los beneficiarios fallecidos.
Durante la etapa de instrucción de la compleja causa también se habían verificado numerosas irregularidades. Las investigaciones incluyeron una auditoría por la cual se comprobaron pérdidas para el sistema previsional superiores a los 700 millones de pesos, compras ficticias de insumos y gestoría de trámites pagos por parte de agentes de la Caja, entre otras flagrantes irregularidades.
La Cámara Penal santafesina dispuso anular la requisitoria elevada oportunamente por el fiscal de la causa por cuestiones formales, ya que el tribunal de segunda instancia consideró en su fallo que "el acto cuestionado del Ministerio Público Fiscal no resulta comprensible debido a su falta de claridad y ello especialmente por la imprecisión con que están formuladas las imputaciones de manera vaga y generalizada que impiden conocer los detalles y particularidades de cada una de ellas".