Sergio Roulier / La Capital
La concesionaria del puente Rosario-Victoria reconoció que tiene sus cuentas embargadas. Y también se supo que no presentó una garantía bancaria exigida para recibir los fondos que le iba a dar el Estado en pos de reactivar la obra. Esto hizo que se no firmara el convenio de asistencia financiera que hubiera permitido avanzar con el tan ansiado proyecto. El gerente general de la empresa, Carlo Del Mastro, prometió que esto se va a solucionar en los próximos días.
No obstante, la nueva demora provocó la reacción del vicegobernador de la provincia, Marcelo Muniagurria, quien dijo que va a actuar "con firmeza" con la empresa ya que "debe explicar por qué no se presentó a firmar el convenio con Economía". Y además le pedirá a la Nación que exija a la constructora el cumplimiento de sus obligaciones.
La Capital anticipó ayer que el jueves pasado la empresa Puentes del Litoral no se presentó a firmar el convenio por el cual se iban a girar los primeros 10 millones de pesos -sobre un total de 51,6 millones- del préstamo a otorgar por parte del Estado para completar el 8 por ciento de obra que falta. Y esto habría ocurrido porque un contratista le embargó las cuentas al grupo inversor. Esto no fue desmentido ni desde la empresa ni desde el gobierno.
La novedad repercutió también del otro lado del río. Y el secretario de Obras Públicas entrerriano, Carlos Ricchiardi, señaló que esto "complicaría el reinicio de los trabajos. Sería una mala noticia que la obra no se reactive pronto".
Muniagurria dijo anoche a la prensa rosarina que no podía confirmar las causas de la no presentación de la empresa a la firma del convenio y que estaba tratando de contactarse con sus directivos. Y agregó que conocía de contactos entre la gente del ministerio de Economía de la Nación con "los dueños de las compañías extranjeras" que integran el grupo.
A todo esto, Del Mastro reconoció a este medio -en un breve diálogo en el que argumentó no estar demasiado al tanto de las novedades porque recién arribaba al país- que hubo un embargo a las cuentas de la empresa la semana pasada. Pero enseguida prometió que esto se solucionará en los días venideros y "esta semana va a haber novedades".
El problema se genera por una deuda que la empresa tiene con los holandeses que levantaron los terraplenes. La cuestión se dirime en un arbitraje internacional, pero los abogados en Argentina lograron trabar el movimiento bancario de Puentes, algo que también fue ratificado por otras fuentes consultadas.
Además, un funcionario del gobierno nacional, muy cercano a la cuestión, admitió que la empresa no presentó una garantía bancaria que permitía asegurar el destino del primer envío de dinero para reactivar los trabajos.
Si bien nadie habla con el grabador prendido, se puede inferir que estos han sido los motivos por los cuales la compañía no se presentó a firmar el acuerdo. Y en el medio también está la definición del nuevo cronograma de obras cuya fecha de finalización está prevista para el 15 de mayo, según el deseo del presidente Eduardo Duhalde quien quiere inaugurarlo.
En este marco, ninguno de los involucrados en el tema se anima a aventurar cómo se va a resolver el conflicto. Es claro que ahora la respuesta está en manos de Puentes que deberá resolver sus cuestiones internas (deuda con el contratista holandés) y asegurarle al Estado que el dinero a recibir no va a ir a otros fines que no sea la reactivación de la conexión.
De lo contrario, se viene un panorama muy oscuro para el emprendimiento ya que no quedaría otro camino que ejecutar las garantías del contrato si es que la firma no pone el dinero necesario para habilitar la ruta.
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La Ciudad
