Una fiscal de la Justicia provincial decidió impulsar la apertura de una causa penal contra los jefes del lugar de reclusión donde están alojados policías y ex policías imputados o sentenciados por la comisión de delitos, al conocerse el caso de un ex agente que cumple prisión perpetua y pese a ello sale a la calle a trabajar, va al supermercado y hasta asiste a reuniones familiares. La misma fiscal también pidió el traslado del recluso a una cárcel del Servicio Penitenciario Provincial ya que se trata de un ex policía exonerado de la fuerza tras conocerse su condena.
La fiscal Nº 1, María Inés Spengler, pidió a un juez de Instrucción que investigue a las autoridades de la dependencia donde está alojado el recluso como responsables del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El pedido apunta directamente al jefe y subjefe del penal policial ubicado en Dorrego al 900. Se trata del sitio donde están alojados los uniformados acusados de cometer delitos, aunque también están presos allí policías exonerados de la fuerza tras haber sido condenados por la Justicia. El argumento para encerrarlos allí y uno en una cárcel común es que no se puede juntarlos con delincuentes comunes porque los uniformados serían víctima de represalias.
El dictamen de la fiscal Spengler es la primera reacción frente a la denuncia publicada en su edición de ayer por el diario "El Ciudadano" sobre el caso de Ignacio Darío Hogsten, un ex agente condenado a prisión perpetua por el homicidio del joven Aníbal Pellegrini. Hogsten mató al muchacho para quedarse con su moto, una poderosa Kawasaki 1000, y luego arrojó el cadáver en un canal cercano al río Carcarañá en un camino rural entre Villa Eloísa y Los Molinos.
El crimen ocurrió el 6 de septiembre de 1996 y el cadáver de Pellegrini recién fue hallado varios días después, en avanzado estado de descomposición. Luego de una larga investigación Hogsten fue descubierto y procesado por el homicidio, y más tarde el juez Luis Giraudo lo condenó a prisión perpetua, fallo que fue ratificado por la Cámara Penal ante una apelación planteada por el acusado.
Sin embargo, ya por entonces Hogsten se benefició con la desidia de las autoridades provinciales ya que durante 10 meses siguió cobrando su salario como si nada hubiera ocurrido y recién cuando los familiares de la víctima lo denunciaron públicamente el Ministerio de Gobierno lo exoneró de la fuerza.
Ahora vuelve a ocurrir. Según la denuncia periodística conocida ayer, el ex agente pasa sus días en prisión lleno de privilegios. De hecho los reporteros gráficos del diario lo fotografiaron mientras conversaba animadamente o lavaba autos frente al penal, que está ubicado a pocos metros del matutino que hizo público el caso.
Además de la investigación contra los responsables del penal, la fiscal Spengler pidió que Hogsten sea trasladado a una cárcel común, algo que hasta ayer a la tarde no se había cumplido. La tía de Pellegrini, Norma Ríos, dijo ayer a LT8 que la familia ya había avisado al juez de ejecución penal Efraín Lurá sobre esta situación, que sin embargo no registró cambios.
Ríos, que es militante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, sugirió que Hogsten goza de algún grado de protección y dijo que no cree que haya actuado solo cuando mató a su sobrino. "Tampoco creo que el robo de la moto haya sido el único móvil. Para mi detrás de este hombre hay otra historia que nunca fue investigada", dijo Ríos.
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La Ciudad
