El gobierno de Felipe Solá ratificó ayer las internas abiertas, simultáneas y obligatorias del 30 de marzo en su provincia, pese a que la Suprema Corte de Justicia bonaerense se declaró competente ante un pedido del legislador radical Ricardo Alfonsín para que se anule la convocatoria electoral.
Por la mañana, el máximo tribunal de Justicia había dispuesto otorgar cinco días de plazo para que el Poder Ejecutivo eleve una justificación del decreto de convocatoria a elecciones y, a partir de allí, resolver el tema de fondo y expedirse sobre la constitucionalidad o no de dicha norma.
Por la tarde, el ministro de Gobierno bonaerense, Federico Scarabino, desmintió "de manera enfática" que exista, sin embargo, una resolución judicial suspendiendo esas internas, tras lo cual confirmó la convocatoria.
"Ratificamos a los partidos políticos y a la ciudadanía en general que ese día se celebrarán estos comicios y pedimos que concurra la mayor cantidad de gente posible en la selección de aquellos candidatos en todos los niveles, porque de ellos surgirán después los futuros intendentes, legisladores y gobernador", dijo.
Un afiliado de la corriente Radicales para el Cambio, que lidera Ricardo Alfonsín, afirmó en un planteo judicial que el llamado a elecciones "debería haberse hecho, como lo indica la normativa vigente, 90 días antes de la fecha establecida".
"Esta exigencia no fue tenida en cuenta por el gobierno, que recién las publicó en el Boletín Oficial días atrás", se argumentó en el escrito.
En principio, el reclamo fue presentado ante la Justicia electoral provincial, la que no hizo lugar al pedido, por lo que el propio Alfonsín (hijo) recurrió a la Corte el lunes pasado.
"Entendemos que se ha desvirtuado el espíritu de la ley, que vino a corregir el sistema de internas cerradas", apuntó el legislador, aunque Scarabino replicó: "El Poder Ejecutivo actuó con total legalidad en la convocatoria".
| |
La Ciudad
