La Cámara Federal confirmó ayer la prisión preventiva de 13 ex altos jefes militares de la última dictadura, entre ellos Guillermo Suárez Mason, acusados de homicidio, privación ilegal de la libertad calificada y asociación ilícita agravada, por el secuestro y desaparición de militantes montoneros.
En su resolución, los camaristas Martín Irurzún y Horacio Cattani volvieron a declarar la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, como ya lo hicieron en anteriores fallos vinculados a violaciones de derechos humanos de la última dictadura militar.
Además, la sala II de la Cámara ordenó al juez federal del caso, Claudio Bonadío, que de ahora en más todo se tramite bajo el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, con lo que dejó a todos los acusados al borde de un juicio oral y público, donde podrían ser condenados a reclusión perpetua.
Desde el inicio de la investigación, la pesquisa había sido encarada bajo las normas del anterior sistema procesal, que prevé el procedimiento escrito y no público para juicio y sentencia.
En un extenso fallo de 180 carillas, la sala II de la Cámara consideró que todos los detenidos integraron una "asociación ilícita", agravada por su condición de militares, que organizó el "secuestro, tortura y desaparición" de jóvenes montoneros que regresaron del exilio en 1980.
"De manera deliberada y consciente" todos los acusados hicieron "un ejercicio criminal de la soberanía estatal", consideraron los camaristas.
La resolución abarcó a las ex cúpulas del Primer y Segundo Cuerpo del Ejército y del Batallón 601, entre ellos al ex comandante Guillermo Pajarito Suárez Mason, a quien se lo embargó por 692 mil pesos y se lo acusó de "homicidio calificado". Otro procesado por Bonadío, el ex dictador Leopoldo Galtieri, falleció antes de que la Cámara resolviera su situación.
También seguirán presos por desaparición de personas -y en algunos casos por asesinato- como integrantes de una "asociación ilícita agravada", Jorge Ezequiel Suárez Nelson, Antonio Herminio Simón, Pascual Guerrieri, Carlos Fontanta, Julián Marina, Juan Gualco, Waldo Roldán, Mario Gómez Arenas, Carlos Tepedino, José Ramón Pereira, Santiago Hoya y Juan Antonio Colores del Cerro, un policía que revistaba en el Batallón de Inteligencia 601, cuyos jefes de esa época -Suárez Nelson y Tepedino- también quedaron presos.
En la misma resolución, recuperaron su libertad otros siete militares retirados presos hasta hoy: Miguel Angel Junco, Carlos Barreiro, Rubén Graziano, Arturo Perejero, Javier Molina, Nedo Otto Cardanelli y Luciano Jauregui.
Contra las leyes de impunidad
En cuanto a las leyes de obediencia debida y punto final, Cattani e Irurzún las consideraron "normas inválidas" por la "condición de delitos contra la humanidad como categoría de ilícitos que repugna a la conciencia universal".
Entre ellos, 13 en total, estuvieron Angel Carbajal, Matilde Rodríguez de Carbajal, Jorge Benítez, Ricardo Zucker -hijo del actor Marcos Zucker-, Raúl Milberg y Julio Genoud, víctimas del Operativo Murciélago. En otros dos casos, los de Lorenzo Ismael Viñas -hijo del escritor David Viñas- y el del sacerdote Jorge Adur, la Cámara declaró nulo lo hecho por Bonadío por existir otra causa que ya investiga lo ocurrido cuando ambos desaparecieron, en 1980.
La Ciudad
