Editorial

Riesgo sanitario

En más de una oportunidad se ha dicho que las obras cloacales inconclusas en la ciudad ponen en serio riesgo la salud de las personas que carecen de ese servicio esencial. Pero se trata de obras que, no obstante ser de necesidad imprescindible, se postergan en el tiempo sin que poder político alguno reclame su concreción con la firmeza que los interesados esperan. Es que, ya se sabe, resulta mucho más redituable cuando se está en campaña proselitista exhibir obras monumentales y no cañerías que quedan cubiertas de tierra y que nadie ve. Aunque sean miles las personas que resultarían beneficiadas.
Resulta vergonzoso que en los tiempos que corren cerca de 270 mil vecinos de los barrios padezcan la falta de servicio cloacal. No solamente porque están obligadas a mantener pozos ciegos que cuando rebasan deben ser vaciados, lo que constituye una erogación de por vida, sino por los perjuicios que acarrea para la salud y el medio ambiente. Actualmente los sectores noroeste y suroeste del municipio se considera que están en riesgo sanitario. Esto es, aproximadamente, el 43 por ciento de la superficie urbanizada de la ciudad. En ese perímetro de más de cuatro mil hectáreas, miles de personas conviven con olores nauseabundos provenientes de las zanjas donde abundan ratas e insectos. Y donde además de las aguas servidas, en muchos casos se vuelcan también desechos de pozos negros merced a las conexiones clandestinas que proliferan en buena parte de la urbe. Además, y lo que es más grave aún, esos vecinos están permanentemente expuestos a contraer diversas enfermedades infecciosas, como enterocolitis y hepatitis A.
Está plenamente comprobado que la salud de la población mejora a medida que se avanza en la extensión de estos servicios. Por eso resulta imprescindible que los poderes públicos impongan sus criterios a la hora de discutir renegociaciones. En el caso de Aguas Provinciales, la concesionaria se había comprometido a terminar todas las obras cloacales en 2010. Pero esos trabajos están paralizados desde el 99 por una decisión provincial. Es cierto que los vaivenes políticos y económicos modifican de modo súbito cualquier negociación y que las empresas concesionarias ven alterados así abruptamente sus cálculos de inversiones y ganancias. Pero cuando llega el momento de renegociar cualquier contrato, es importante que el ciudadano esté cabalmente representado por alguien que lo defienda. Es lo menos que pueden esperar quienes afrontan impuestos para nada exiguos y costos discutibles de servicios que pueden y deben ser mejorados.