Un caso con una historia tan breve como retorcida

Extraña paradoja la que parece haber atrapado a la Asociación de Hipódromos de la Ciudad de Buenos Aires: sus autoridades querían hacer la denuncia ante autoridades confiables y terminaron atrapadas en una madeja que parece cada vez más oscura. En lugar de contribuir a esclarecer dónde funcionan las "cuevas" del juego clandestino e identificar a los responsables, la Cámara Penal armó una resolución destinada a exculpar al juez que no quiso investigarlas basándose en una prueba única y excluyente: la versión del propio magistrado.
La historia del caso es tan breve como retorcida, y tal vez sea bueno recordarla. A mediados de octubre el gerente de la Asociación de Hipódromos, Julio Esteban Villamayor, vino a Rosario a denunciar la existencia de una red donde se levantan apuestas hípicas ilegales y lo hizo ante las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía. Aparentemente se dirigió directamente a esa fuerza por recomendación del Ministerio del Interior de la Nación, a donde la Asociación recurrió por temor a que la denuncia se filtrara y los apostadores levantaran las "cuevas".
Luego de tomar la denuncia, las TOE informaron del caso al juez de Faltas Osvaldo Alzugaray y pidieron que el magistrado expidiera órdenes para allanar los lugares bajo sospecha.
Pero el juez se negó a hacerlo y ahora dice que es porque los detectives no hicieron inteligencia previa que permitiera saber previamente si la denuncia de Villamayor tenía o no algún grado de verosimilitud.
Frente a la actitud del juez, los policías no pudieron hacer nada y regresaron a Tribunales varios días después, cuando la jueza de Faltas Liliana Puccio se había reintegrado a su juzgado. Esta magistrada sí ordenó los allanamientos, que se produjeron la semana pasada y que en algunos casos permitieron levantar evidencia sobre las apuestas clandestinas.
Sin embargo, extrañamente la Cámara Penal dice ahora que fue la magistrada quien demoró excesivamente los procedimientos.

Pedido a la Corte
Cuando se enteró de estos pormenores a través de La Capital, el fiscal de Cámaras José María Peña pidió a la Corte Suprema de Justicia que iniciara una investigación para determinar si hubo o no una actitud irregular del juez Alzugaray.
Así se hizo y ya está al frente de esa investigación otro fiscal de Cámaras, pero en este caso es de Santa Fe. Se trata de Miguel Angel Molinari, quien ya ordenó realizar algunas medidas y se estima que en pocos días se expedirá sobre el tema.
Por aquella actitud de Peña al disparar la apertura de una investigación interna, ahora la Cámara Penal lo apunta como el informante que aportó los datos a la prensa.
Ayer el fiscal le envió una nota a los camaristas para desmentir ese supuesto categóricamente y recordarles, a la vez, que nadie puede investigar a las fuentes periodísticas.