Al final, quienes están bajo sospecha son los medios de comunicación y la policía de la ciudad. Aunque no lo dice directamente, es lo que desliza una resolución de la Cámara Penal de Rosario a propósito de la denuncia realizada por la Asociación de Hipódromos de la ciudad de Buenos Aires sobre una red de bares donde se toman apuestas clandestinas. El juez de Faltas Osvaldo Alzugaray no investigó la denuncia pero a la Cámara esto no le pareció irregular. Y nada dijo de que en los bares que Alzugaray se negó allanar finalmente, varias semanas después y por orden de otro magistrado, se hallaron claras evidencias sobre el juego ilegal relacionado con las carreras de caballos. Curiosamente, la resolución de la Cámara no hace ni una sola referencia a los resultados de estos allanamientos, que dan verosimilitud a la presentación de la Asociación de Hipódromos.
Diez camaristas penales pusieron su firma al pie de una resolución donde se acepta como cierta la versión de Alzugaray, quien justificó su decisión de no recibir la denuncia porque la policía no hizo inteligencia previa para informarle si efectivamente en los bares denunciados se levantaban o no apuestas clandestinas.
Los que firmaron la resolución son el presidente de la Cámara, Ernesto Martín Navarro, y los camaristas Otto Crippa García, Alberto Bernardini, Ernesto Pangia, Ramón Ríos, Humberto Giménez, Juvencio Mestres, Rubén Jukic, Antonio Paolicelli y Guillermo Fierro. Todos se sintieron "agraviados" por la divulgación pública de los detalles de la denuncia y lo que pasó después en el juzgado de Alzugaray, y al mismo tiempo acusaron al fiscal que pidió a la Corte Suprema de Justicia una investigación sobre la conducta del magistrado de ser quien filtró la información a los periodistas.
La insólita caza de brujas contra el fiscal José María Peña y la prensa que divulgó el caso mereció una inmediata respuesta de este funcionario judicial, quien ayer mismo envió una nota a los camaristas donde niega enfáticamente haber sido quien suministró información sobre la denuncia a los diarios de la ciudad. Pero al mismo tiempo el fiscal fue más lejos y dijo que ni la Cámara ni él pueden investigar, como parece sugerir la resolución, quiénes son las fuentes utilizadas para la construcción de esas crónicas periodísticas, que están protegidas constitucionalmente.
Para absolver al juez Alzugaray de cualquier responsabilidad en la dilación para investigar la denuncia de la Asociación de Hipódromos la Cámara aceptó sin cuestionamientos la versión del magistrado y prácticamente culpó a las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la policía de ser la responsable de esa demora.
Según los camaristas, Alzugaray actuó bien al no tomar la denuncia porque la policía no le dio ningún elemento para sospechar que era verosímil. Sin embargo, no dice nada sobre las antenas, equipos de comunicación y dinero -entre otras evidencias- halladas en cuatro bares allanados la semana pasada por orden de la jueza Liliana Puccio. Aunque hubo detenidos y hay una investigación judicial del caso, la Cámara ignora el tema y en cambio culpa a la prensa de "desinformar" sobre el caso.
Para elaborar el pronunciamiento, que parece una típica reacción corporativa, el presidente de la Cámara apeló a un recurso excepcional: reunió a todos los camaristas en lo que técnicamente se denomina un acuerdo plenario. En lo que va del año este órgano había producido nada más que 12 resoluciones. La que culpa a la prensa del agravio a la Justicia está fechada el 2 de diciembre y tiene el Nº13.
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La Ciudad
