Las diferencias entre el gobierno y los legisladores, tanto del PJ como de la UCR, por el problema de los remates hipotecarios hicieron fracasar ayer la sesión en Diputados, donde debía ratificarse el nuevo cronograma electoral. Ahora, este capítulo del acuerdo firmado el lunes pasado en la quinta de Olivos, que el oficialismo aspiraba a refrendar en la Cámara baja, abrió un abanico de interrogantes: si bien en primera instancia se indicó que la cuestión pasaba para la semana próxima, la Casa Rosada inició anoche desesperadas operaciones para destrabar hoy la cuestión, tratando de que el proyecto encuentre cabida en el Senado.
Aunque el sector oficialista del bloque de senadores del PJ y algunos partidos provinciales aceptaron la propuesta rápidamente, la UCR, clave para lograr la mayoría absoluta necesaria (37 votos afirmativos), quedó en definir su posición hoy por la mañana.
La intención era aprobar un proyecto de ley con la renuncia anticipada del presidente Eduardo Duhalde, la nueva fecha de votación del 27 de abril y la suspensión de las internas abiertas. Incluso, el titular de Diputados, el peronista Eduardo Camaño, había trabajado el martes para asegurar los votos del PJ, la UCR y los partidos provinciales.
La división en el bloque justicialista, que sufrió el desmembramiento de una treintena de menemistas, obliga al duhaldismo a contar con los votos radicales para conseguir la mayoría especial necesaria para cambiar leyes electorales. Sin embargo, el acuerdo (que estaba prácticamente asegurado) se empantanó por las diferencias en torno a las ejecuciones hipotecarias.
El PJ había resuelto dejar el debate sobre los remates en el último lugar del temario. En el oficialismo reconocían que esto respondía a la esperanza de dejar caer antes la sesión y eludir el problema. Luego la UCR adelantó su negativa a votar la nueva fecha electoral sin aprobar antes una salida para las ejecuciones.
"Es una extorsión", bramó el diputado Juan Manuel Urtubey (PJ Salta). Aunque reconoció que los problemas también atravesaban las filas peronistas, al advertir que el gobierno no había cumplido con el envío de un proyecto de mediación entre deudores y acreedores.
En privado, los justicialistas reconocieron que la apuesta del Ejecutivo era postergar una definición hasta después de fin de mes, cuando concluyen las sesiones ordinarias. En las extraordinarias de verano, el Congreso está limitado a tratar proyectos presentados por el gobierno.
El primer signo de desencuentro se evidenció con el fracaso por falta de quórum de una sesión especial pedida por la UCR para discutir los proyectos sobre ejecuciones (20 iniciativas de legisladores radicales, el PJ y el socialismo).
El jefe del bloque de la UCR, Horacio Pernasetti, aseguró que estaban a favor del nuevo cronograma, pero consideró "más urgente tratar las cuestiones vinculadas, no tanto a una prórroga, sino a una solución definitiva al problema de los deudores hipotecarios".
La sesión especial reunió en el recinto un centenar de legisladores radicales, provinciales, del ARI, el Frepaso, peronistas disidentes de los grupos Talcahuano y menemista Azul y Blanco y de partidos de izquierda. Pero la ausencia masiva del justicialismo impidió el quórum. A su turno, la diputada y candidata presidencial del ARI, Elisa Carrió, criticó a los que pegaron el faltazo, al indicar que "el Congreso se reúne sólo cuando hay problemas políticos".
Pasado el mediodía, mientras manifestantes reclamaban una solución frente al Parlamento, se convocó con resignación a una reunión en la Casa Rosada. Allí confluyeron el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof; los ministros de Economía, Roberto Lavagna, y del Interior, Jorge Matzkin, además de los diputados Humberto Roggero (jefe del bloque peronista), Camaño y Pernasetti, entre otros.
El diputado Omar Becerra, protagonista de las negociaciones, precisó que una comisión comenzará a elaborar hoy un texto consensuado para resolver el conflicto de los remates. Y anunció que el tema electoral quedaba para el miércoles próximo. Esto se presumía cuando las operaciones en el Senado no habían comenzado.
La comisión se reunirá en el Palacio de Hacienda y contará con un representante de la Jefatura de Gabinete y de Economía e Interior, además de tres delegados por cada bloque parlamentario.
Por su parte, el bloque del PJ acusó a la UCR de "borrar con el codo lo firmado 48 horas antes" y anticipó su negativa a tomar "actitudes demagógicas", en referencia a un proyecto que favoreciera excesivamente a los deudores.
En otro orden, el Senado aprobaría hoy el proyecto que obliga a que todas las moratorias impositivas sean impulsadas por ley y no por decreto.
| |
La Ciudad
