Hugo González fue uno de los presos que murió a causa del incendio en el penal de la comisaría 25ª. Tenía 20 años y llevaba tres meses detenido, acusado por robo. El 15 de noviembre de 2000, cuando ocurrió el siniestro, debía estar en libertad, por orden judicial. Esa es solo una de las injusticias de los últimos meses de su vida, según cuentan sus padres.
José González, de 63 años y Pabla, de 61, saben que la investigación por las responsabilidades en la muerte de su hijo Hugo y otros doce detenidos está cerrada. La Justicia no encontró más responsables que a otro detenido, que asumió haber iniciado el fuego que desató la tragedia. Pero también tienen la certeza de que su hijo y sus otros compañeros no recibieron la ayuda necesaria para salir del penal antes de que los consumieran el calor y el humo. Por eso responsabilizan a los policías que estaban a cargo de la seccional y que fueron sobreseídos en la causa que llevó adelante la jueza Susana Portillo de Pigliacampo.
Ese reclamo final de justicia es el que impulsan incansablemente desde hace dos años, junto con otros familiares de las víctimas. Con muchos de ellos comparten situaciones similares. Juan Alfredo Udi tenía la libertad otorgada, aunque estaba dentro del penal cuando se inició el incendio. Otros detenidos también tenían hijos sin reconocer, que aún no pueden llevar sus apellidos, como le pasó a su nieto. Todos reclaman una Justicia que investigue el accionar de cada uno de quienes participaron del trágico desenlace.
"La Justicia en la tierra no existe, si hay, será de Dios", sostiene tranquila Pabla. Mientras tanto, no abandona las marchas para pedir una investigación que rompa con la sensación de impunidad con la que conviven, en este caso, los familiares de los trece detenidos que perdieron la vida.
La acusación
Muchos meses después de su muerte, cuando el barrio dejó circular algunas historias que habían quedado silenciadas, los padres de Hugo fueron armando la trama detrás de la acusación que dejó al muchacho en la cárcel.
Hugo González fue acusado de robarle una bicicleta a una joven conocida, armado con un revólver, debajo del puente de Circunvalación y Cerrito. El muchacho vivía con su familia a dos cuadras del lugar. La denunciante era hermana de su cuñada, a quien iba a visitar a la casa del muchacho, donde la mujer vivía.
La historia que reconstruyeron José y Pabla cuenta que Hugo defendió a un joven del barrio que fue sorprendido bajo el puente por un grupo con el que tenía enemistad y junto a ellos se encontraba la chica que luego lo denunció. El día de la pelea varios salieron lastimados.
Los padres de Hugo especulan que al acusar a su hijo de un robo los atacantes se evitaban imputaciones a partir de la pelea. Y también encontraron entre los testimonios que formaban el expediente que la denunciante mencionaba una relación no correspondida con su hijo. En definitiva, que la acusación por el robo surgió por un "puterío" de barrio.
El pago
La comisión policial que allanó la casa del muchacho no halló ni la bicicleta ni la supuesta arma involucradas en el robo del que acusaban al muchacho. Hugo no estaba en la casa y le dejaron dicho a su madre que después pasara por la comisaría "a firmar, porque no pasaba nada". Cuando el hombre se presentó en la comisaría, le pidieron 150 pesos a cambio de su tranquilidad.
Cuatro días después de pagarlos, recibió la orden de detención en su casa, contó Pabla. Hugo decidió no presentarse esa vez, pero no se escondió tampoco. El 8 de agosto de 2000 lo detuvieron cuando fue a un partido de Central, a los que nunca faltaba.
La salida
Los padres de Hugo visitaron insistentemente el juzgado a cargo de Eduardo Suárez Romero, que investigaba la acusación. La causa avanzó, tuvo careos entre las denunciantes y en Tribunales comenzaron a alentar a José y Pabla con la pronta liberación de Hugo. A los 45 días se llevaron un sobresalto. El muchacho, apresado en la seccional 14ª, fue trasladado a la 25ª sin dar aviso a la familia.
Para llegar a Pueblo Nuevo, los familiares de Hugo debían tomar dos colectivos. Como sólo contaban con una pensión de 150 pesos pidieron su traslado a una seccional más cerca. En el juzgado los tranquilizaron y les dijeron que no iba a ser necesario, que estaba por recuperar la libertad. La promesa tuvo fecha dos días antes de la tragedia. "El miércoles a la tarde va a estar en su casa", le prometieron a Pabla.
Sólo faltaba la firma del juez. Ese mismo miércoles, al mediodía, estalló el penal de la 25ª. Hugo quedó con un 80 por ciento de su cuerpo quemado. Fue trasladado al Heca y murió dos días después.
La Ciudad
