Más cerca del libro Guinness

Alderete sumó su 10º procesamiento en la Justicia

El ex titular del Pami fue acusado de presunto fraude en la compra de libros

El ex presidente del Pami Víctor Alderete sumó ayer el décimo procesamiento por supuestas irregularidades que habría cometido mientras estuvo al frente de la obra social de los jubilados, de 1994 a 1999.
Esta vez el ex funcionario menemista fue procesado sin prisión preventiva por presunto fraude al Estado por la adquisición de 40 mil libros a diez pesos cada uno, siendo que muchos de ellos se ofrecían a un peso en las librerías de la avenida Corrientes, en la Capital Federal, dijeron las fuentes judiciales.
La resolución adoptada por el juez federal Jorge Urso contra Alderete incluyó un embargo de 500 mil pesos sobre sus bienes. También fueron procesados 10 ex directores del Pami y dos empresarios editoriales, a los cuales impuso embargos de 200 a 350 mil pesos.
Entre las obras adquiridas por Alderete figurarían "La fiebre del mate", de Hugo Muller; "Río sagrado", de Wilfred Schmidt; "Historia de los ferrocarriles argentinos", de Raúl Scalabrini Ortiz; "Libro de Manuel", de Julio Cortázar, y el "Martín Fierro", de José Hernández, detallaron las fuentes.
En su resolución, Urso aseveró que habrían existido sobreprecios al pagar, ya que "el valor de la gran mayoría de libros comprados era menor y muchos se encontraban descatalogados, oscilando sus precios entre uno y cinco pesos".
Al definir el papel cumplido en el caso por Alderete, el juez dijo que fue "el principal ejecutor de la maniobra".
El ex funcionario menemista ya está procesado por presunto fraude al Estado en varias causas y sufrió distintos embargos.
El 18 de septiembre de 2001 Alderete salió en libertad tras haber permanecido más de un año preso por supuesta defraudación en cinco contratos que el Pami firmó con empresas privadas.
Alderete fue encarcelado por el ex juez Adolfo Bagnasco el 16 de junio de 2000 y luego quedó procesado como supuesto jefe de una asociación ilícita que habría perjudicado al Estado y a los afiliados a la obra social de jubilados y pensionados. Luego, por orden de la Corte Suprema de Justicia, la Cámara Federal revocó la medida.