El Ministerio de Economía ratificó ayer su proyecto de realizar audiencias públicas en las que se debatirán los pedidos de aumentos tarifarios formulados por empresas de los servicios públicos de gas y electricidad. No obstante la disposición oficial a un ajuste es de alrededor del 10 por ciento promedio.
Así trascendió desde el Palacio de Hacienda, donde se dejó trascender que el gobierno está dispuesto a que un eventual ajuste ronde en "el diez por ciento promedio, considerando una tarifa social para los sectores de menores consumos".
En tanto, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, evitó dar una respuesta sobre la posibilidad de que el gobierno decida avanzar por decreto en un eventual aumento tarifario, y también de las referidas a los servicios de agua potable y telefonía, pero admitió que este tema es uno de los puntos a discutir en Washington, previo a la firma del acuerdo con el FMI.
"Las características y formas en el aumento de tarifas, en el momento que se den, van a ser anunciados oportunamente", se limitó a responder a Atanasof cuando se le preguntó si el Ejecutivo podría apelar al decreto para imponer un incremento de estos cuadros tarifarios, algo sobre lo cual reclama el FMI.
El jefe de Gabinete recordó que existe un "procedimiento en marcha" a partir de la nueva convocatoria a audiencias públicas, que es el ámbito legal donde debería dirimirse un eventual ajuste tarifario.
La semana anterior, tanto el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) como el de la Electricidad (Enre) oficializaron sus convocatorias a debatir en audiencias públicas, las que se realizarán en el transcurso de noviembre.
Para el caso de las tarifas del suministro de agua potable y cloacas cabe señalar que el ente regulador del sector (ETOSS) tiene a su consideración un informe económico, financiero y operativo presentado por Aguas Argentinas, a cargo del servicio en el área metropolitana de Buenos Aires, que respalda un pedido de ajuste tarifario de emergencia.
Aguas Argentinas consigna que en el primer semestre de este año registró pérdidas por 886 millones de pesos como consecuencia de "la inflación sobre los costos operativos y el impacto de la devaluación sobre la deuda financiera" que mantiene con organismos multilaterales de crédito.
Por otra parte, en su propuesta al gobierno la licenciataria del servicio de agua reclamó la cancelación de deudas por servicios prestados al Estado por más de 70 millones de pesos, un aumento tarifario inmediato de 20 por ciento y reducción simultánea a la mitad, de la alícuota del IVA del 21 por ciento.
Con esto último, sostuvo la empresa Aguas Argentinas "se reduciría a 10 por ciento el impacto del incremento en las facturas al cliente final, mientras se mantiene e incluso puede ampliarse el número de beneficiarios del programa Tarifa Social".
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La Ciudad
