La investigación, antes y después de una nota

La divulgación periodística impulsó una denuncia que parecía destinada al olvido

La investigación de la triple violación se desencadenó a partir del 26 de septiembre, a partir de una nota publicada por este diario. Esa es otra de las graves conclusiones que deja el caso: como si se tratara de una denuncia cualquiera, la justicia no tomó hasta entonces ninguna medida al respecto.
Las únicas medidas judiciales tomadas desde que el 5 de septiembre pasado se presentó la denuncia por triple violación en la comisaría 1ª, hasta la publicación del caso por este diario el 26 de ese mes, fueron dar intervención a la División Judiciales de la policía para que confeccionara las actuaciones del caso y un pedido de informes a la empresa Telecom para establecer la nómina de llamadas entrantes al teléfono de la madre del chico detenido. El hecho extraordinario de la triple violación en una comisaría no conmovió la rutina de la actividad judicial.
Recién el día en que el caso tomó estado público se incorporó ese informe al expediente, donde constan las dos llamadas efectuadas el 26 de julio por la chica: una a las 3.49 desde un teléfono público de Pellegrini 569 y otra desde la comisaría a las 5.24. Ese mismo día, el juez hasta entonces a cargo del caso, Eduardo Suárez Romero, requirió "en forma inmediata" a Judiciales que remita las actuaciones al juzgado.
Estas abundan en informes sobre los antecedentes del chico que acompañaba a la denunciante. Además contienen un examen psicológico a la víctima; vistas fotográficas y croquis de la dependencia; una declaración testimonial al jefe de la comisaría, Alfredo Porta Guardia; copias de los libros de guardia y el listado del personal que cumplió servicios entre el 16 de julio y el 1º de agosto pasado.
Por razones no precisadas, el juez Suárez Romero se propuso hacer un reconocimiento fotográfico de las policías de la seccional. Más tarde, el juez Prunotto Laborde hizo el procedimiento de otra manera: en rueda de personas.
La semana pasada, concejales de la ciudad pidieron que se diera custodia a la sargento Mirta Gallardo, que colaboró decisivamente en la investigación. Parecía la evidencia de un reino al revés: mientras los funcionarios honestos corren peligro, los corruptos se benefician con la burocracia y la impunidad.