Con un plan de obras que prevé una inversión estimada en 20 millones de pesos y que incluye la reformulación del proyecto de la penitenciaría de Piñero, el gobernador Carlos Reutemann firmó ayer el decreto que establece la emergencia carcelaria en toda la provincia, una instancia con la que se pretende paliar de una vez por todas la problemática de la superpoblación en los penales santafesinos. De cumplirse con los pazos previstos por la norma, en una primera etapa se espera poder alojar a 1.500 internos.
El estado de emergencia carcelaria se estableció luego de un relevamiento efectuado por el Ministerio de Gobierno que duró 90 días y en el que se evaluó la situación de cada uno de los institutos del Servicio Penitenciario y de las comisarías. El decreto firmado ayer por Reutemann busca darle un impulso definitivo a un proyecto que contempla obras de ampliación en las unidades penitenciarias de Coronda, Las Flores (Santa Fe) y los institutos para menores de Recreo y Rosario, y la construcción del postergado penal en la localidad de Piñero y de una penitenciaría que funcionará en el mismo predio que la Unidad Regional II.
"Este programa de obras es ambicioso y para nosotros es un enorme avance", consideró el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, quien remarcó: "Además de cubrir 1.500 plazas, dejamos sentadas las bases para que el próximo gobierno pueda proseguir con la construcción de la cárcel de Piñero". El levantamiento de ese penal hoy por hoy se encuentra en la nada. La obra fue preadjudicada y luego suspendida por los efectos de la devaluación.
Uno de los puntos más importantes del decreto es justamente el que menciona a la futura cárcel que estará ubicada en el Gran Rosario. Como una forma de darle un nuevo impulso, el gobierno decidió reformular el proyecto original. "Lo podamos", se sinceró Borgonovo. La idea ahora es construir un minipenal con capacidad para alojar a 320 personas. Esta primera etapa incluye todo el perímetro, los servicios principales y el edificio donde funcionará la administración. "La idea es construir una cárcel más chica en el mismo lugar donde estaba planificada y poner en marcha mecanismos más ágiles de contratación", opinó el funcionario provincial.
Plazos y montos
Para este emprendimiento, según se desprende del decreto, el plazo estimado de concreción es de un año y la inversión calculada, de 12 millones de pesos. El titular de Gobierno destacó que eso sería un puntapié inicial para que la próxima administración complete el proyecto.
En cuanto al alojamiento de menores, el gobierno prevé el reacondicionamiento de las instalaciones del Estado existente en la localidad de Recreo, en cercanías de la capital provincial, actualmente abandonadas. La idea es que allí puedan vivir 40 chicos con problemas penales. "El lugar es muy amplio y tiene las características como para montar una granja", comentó el ministro. El costo estimado para esa iniciativa es de 237.372 pesos.
Sobre esta misma problemática, que tiende en definitiva a erradicar menores de las seccionales, la intención del Gobierno es construir un edificio anexo al Instituto de Recuperación del Adolescente de Rosario (Irar), que funciona en Saavedra y Cullen. Este punto aparece como el de más difícil concreción, al menos para la actual gestión, ya que aún no están establecidos los términos de la obra, como tampoco la cantidad de chicos que podrán vivir allí.
El ministro consignó que "nunca un decreto de emergencia carcelaria en la provincia tuvo un programa de obras con un destino específico para cada edificio", y agregó el plan es aplicable y "significará lugares dignos que permitan un tratamiento civilizado de los presos".
La Ciudad
